Según información consolidada por la Defensoría del Pueblo, en junio último se tenían registrados 217 casos de conflictos sociales en todo el país, de lo cuales 139 (64%) se encontraban activos y otros 78 (36%) eran latentes. Asimismo, en 105 casos se registró al menos un hecho de violencia.

La diferencia con las cifras de cinco años atrás son significativas. Al 31 de julio de 2006 se registraron 84 conflictos, de los cuales solamente ocho se encontraban activos y otros 74 eran latentes, habiéndose resuelto dos. Casi triplicados entre 2006 y 2011, los conflictos sociales afectan diversas actividades económicas, pero de manera especial al turismo.

Así, los 45 días de paralización en Puno ocasionaron cuantiosas pérdidas a las empresas que se dedican a recibir turistas (hoteles, restaurantes, agencias de viaje, transportistas, etc.) en el departamento del Altiplano, que se estiman por US$ 100 millones.

Según la Asociación de Agencias de Viaje y Turismo (AVIT) de Arequipa, aproximadamente 300,000 viajeros de todo el mundo dejarían de venir hasta el 2012 si las huellas del conflicto en Puno continúa afectando nuestra marca país. En Cusco, con las huelgas de 2009 y las lluvias torrenciales de 2010, se perdieron aproximadamente US$ 400 millones, según cálculos de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur). 

En La Oroya, donde hubo bloqueos de la carretera central contra la presencia de la Compañía Doe Run, y en Bagua, donde la huelga de los nativos terminó en una masacre, las pérdidas para el turismo sumaron US$ 9 millones. El problema con ambos casos es que constituyen paso obligado a circuitos que, si bien actualmente atraen más a turistas peruanos, en un futuro cercano deben consolidarse como alternativas para el turismo receptivo, dado que el circuito vinculado a Machu Picchu ya está al borde de la saturación.

Cabe señalar que todas estas situaciones conflictivas eran previsibles y de haberse actuado a tiempo mediante un diálogo abierto y transparente con los involucrados, se pudo llegar a soluciones satisfactorias. La Defensoría del Pueblo considera que hay hechos cuyo conocimiento anticipado puede permitir el manejo pacífico de un conflicto. En otras palabras, más vale prevenir que lamentar. 

Los reportes mensuales, así como los boletines y cronologías elaborados por dicha entidad tienen un propósito preventivo. En el caso del cumplimiento de acuerdos suscritos en actas entregadas a la Defensoría del Pueblo, la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad envía alertas tempranas a las entidades del Estado llamadas a intervenir y a los particulares que hayan suscrito acuerdos en dichas actas.

El presidente de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), Carlos Canales, va más allá y señala la necesidad de reactivar la Unidad de Conflictos Sociales que fue creada durante el gobierno de Alejandro Toledo. Dicha unidad, recuerda Canales, contaba con la participación de entidades como el Ministerio del Interior, Mincetur, Promperú y los gremios empresariales.

Por su parte, Alejandro Páez, profesor experto en marketing hotelero de ESAN, señaló que el Estado aún no ha cumplido con el papel que le corresponde para garantizar la seguridad en destinos donde hay conflictos o puede haberlos. "Esta tarea está en debe", afirmó el especialista a El Comercio. Agregó también que hay una falta de credibilidad respecto del trabajo que sustenta la marca país, "un signo que con los conflictos se desdibuja".

¿Cuáles son las acciones que debe tomar el nuevo gobierno para afrontar los conflictos sociales?