Completando este panorama, el Instituto Peruano de Economía (IPE) calcula que la brecha de inversión en infraestructura de servicios públicos en el Perú es de US$ 37.760 millones, equivalente al 30% del PBI del 2008. Más de un tercio (37% para ser exactos) de dicho monto corresponde al sector Transportes, en tanto otro 22% al rubro Electricidad, 16,7% a Saneamiento, 14,4% a Telecomunicaciones y 9,9% a Gas Natural.

En cuanto al largo plazo, el panorama se presenta con luces y sombras. Según el IPE, si se mantiene el ritmo de inversión registrado durante el período 2005- 2008, se llegaría a cubrir el 63% de la brecha de infraestructura al 2018. Pero igualmente por sectores habría diferencias: hacia el 2018 en Transportes se habría cubierto únicamente el 21% de las necesidades de infraestructura; en Saneamiento el 30%; en Electricidad el 71%; en Gas Natural el 226%; y en Telecomunicaciones 107%.

Es importante considerar estas proyecciones pues ello nos permitiría replantear lo que se ha venido haciendo. Él retraso en infraestructura de transporte podría constituir un freno al esperado y necesario crecimiento económico sostenido que debe llevar al Perú por la senda de la modernidad.

En el índice de calidad de la infraestructura de carreteras, siempre con cifras del Global Competitiveness Report 2009-2010, Perú cuenta con un puntaje de 2,9 en una escala de 1 al 7. Las vías asfaltadas representan apenas el 14% del total de las carreteras del país, muy lejos del 21% de Chile, del 30% de Argentina, del 50% de México o del 65% de los Estados Unidos.

El puntaje obtenido en el índice de calidad de la infraestructura portuaria también es bajísimo: 2,7. Es de esperarse que el ingreso de las grúas pórtico y las inversiones en el Callao, así como nuevos en puertos, ayuden a levantar este pobre desempeño.

En infraestructura aeroportuaria estamos un poco mejor, con un puntaje de 4,1; pero en ferrocarriles tenemos apenas 1,8.

Es necesario revertir estos resultados por el bienestar de la población más pobre, aquellos sectores que constituyen los bolsones más "duros", donde el impacto de las mejoras macroeconómicas no se ha sentido en absoluto. Está probado, por ejemplo, que aquellos hogares que fueron beneficiados por la rehabilitación de sus caminos rurales carrozables incrementaron en 8% su probabilidad de acceder al mercado laboral de actividades salariales no agropecuarias e incrementaron su consumo per cápita (del hogar) en US$ 12,30.

Modernidad y lucha contra la pobreza son dos temas que deben ir de la mano. En ese objetivo la inversión en infraestructura, y no solo estatal sino -y principalmente- por el sector privado debe ser impulsada en forma agresiva. De lo contrario en el largo plazo seguiremos rezagados en un mundo cada vez más competitivo.

Imagen: Andina.