El estado de emergencia impuesto por los Gobiernos para frenar la COVID-19 afectó la economía mundial. Según la Comisión Económica para América Latina (Cepal), la pandemia por el nuevo coronavirus provocará el cierre de 2.7 millones de empresas en la región. Eso quiere decir que 8.5 millones de personas perderán sus puestos de trabajo.
Para evitar que miles de organizaciones paralicen sus operaciones, el Estado Peruano implementó una serie de medidas económicas, tributarias y financieras como Reactiva Perú, FAE-Mype, la suspensión perfecta de labores y la prórroga del pago del Impuesto a la Renta Anual.
Sin embargo, no todas las empresas se han visto favorecidas. Por ejemplo, de las más de 30 mil compañías que presentaron su solicitud para ser consideradas en la suspensión perfecta de labores, solo mil han sido declaradas como aprobadas. La misma realidad se vive con los otros programas propuestos.
Ante la problemática de no tener liquidez, muchas empresas están optando por los créditos rápidos. Se llama así al tipo de crédito que se puede obtener en un breve plazo a través de entidades no financieras de crédito o entidades bancarias. A diferencia de un préstamo convencional, los créditos rápidos se pueden obtener sin previa evaluación y, en algunos casos solo presentando el Documento Nacional de Identidad (DNI).
Aunque la oferta suene atractiva, los créditos rápidos no pueden ser la solución ante la falta de liquidez de una empresa. Estas son las principales razones:
El principal peligro de acudir a un crédito rápido son los tipos de intereses. Algunas entidades financieras ofrecen préstamos con 0 % de interés, lo cual resulta atractivo en un inicio. Sin embargo, pueden generar dos problemas en el futuro: el primero, seguir accediendo a créditos rápidos para poder pagar otras deudas mayores; y el segundo, pagar moras altas al no poder cumplir con los plazos pactados.
Los créditos rápidos no solo son rápidos en concesión, sino también en devolución. Es decir, cuanto más largo es el periodo del préstamo, más se encarece el crédito. Si las empresas no logran pagar el préstamo en el tiempo establecido, este se convierte en impagable.
El no pago del préstamo puede generar penalizaciones para las empresas. Muchas, por el apuro de acceder a liquidez, firman contratos nada beneficiosos que pueden suscitar pérdidas económicas irreparables y el cierre de la organización.
Para la concesión de un crédito rápido, por lo general, no se pide una nómina. Sin embargo, muchas entidades prestadoras solicitan un aval. Entre los más requeridos se encuentran el mobiliario de la empresa o un vehículo. Si se llega a firmar el contrato con un aval de por medio, se puede perder algunas de estas propiedades privadas por un préstamo mínimo.
En tiempos de crisis, es necesario que las empresas busquen asesoría financiera para poder tomar decisiones acertadas. Si bien los créditos rápidos pueden generar tranquilidad en un inicio, la mejor opción es contar con un plan de reestructuración que le permita enfrentar la crisis de manera óptima, enfocando sus esfuerzos en los nuevos hábitos de los consumidores.
Fuentes:
Gestión: Más de 2.7 millones de empresas formales cerrarán en América Latina por pandemia
Gestión: MTPE sobre suspensión perfecta: de 30,000 solicitudes solo se han aprobado 1,000
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