Las actividades del sector extractivo presentan siempre dos caras. Por una parte, el impacto económico positivo que pueden tener para las regiones en las que se desarrollan, por el otro, su incidencia a nivel social en las comunidades que las reciben.
En la mayoría de los casos, aunque existen leyes que regulan su ejecución y correcto proceder, los proyectos extractivos pueden encontrarse con conflictos sociales que pueden frenar su avance.
Dentro del Perú, como indica el especialista César Sáenz Acosta, docente del curso Diálogo entre la empresa y comunidad para lograr la licencia social para operar del PEE de ESAN, estos conflictos surgen porque desde la comunidad están "preocupados por el agua, preocupados por la tierra; otro factor es el tema ambiental, por el impacto en el medio ambiente de todo el proceso".
A raíz de estas preocupaciones empiezan a aparecer los distintos focos desde los que los actores comunitarios exigen se rindan cuentas sobre lo que ocurre o puede ocurrir alrededor del proyecto.
Esto quiere decir que en algún punto del proceso la empresa del sector extractivo que esté manejando la operación no obtuvo o no supo mantener la licencia social para su trabajo.
Así, las comunidades se organizan para reclamar que se reencause la correcta ejecución de los proyectos. El énfasis recae en exigir que se mantenga a raya el impacto ecológico de la actividad minera, pero también se ocupan de reclamar el cumplimiento de la responsabilidad social empresarial de los involucrados.
Según la Defensoría del Pueblo, en su Reporte de conflictos sociales N° 188 (Octubre 2019), existen actualmente 187 conflictos sociales (entre activos y latentes); de estos, el 67.4 % (126) corresponden a temas socioambientales.
De esta cifra se desprende que 79 casos corresponden al sector extractivo (minero). Estos focos de conflictos sociales obedecen, como señaló el profesor Sáenz Acosta, al reclamo por el incumplimiento total o parcial de distintos aspectos de las propuestas originales realizadas por la empresa.
Si bien es cierto que el sector extractivo siempre tendrá detractores, es una industria que genera altos ingresos económicos a través de los negocios y ofrece estabilidad al generar puestos de trabajo.
El camino a seguir, entonces, es fomentar una convivencia adecuada entre todos los actores que se ven afectados por estas actividades. Las propias industrias mineras, las comunidades y el gobierno, han de trabajar en desarrollar una coexistencia satisfactoria para todas las partes.
Esto se logrará no solo con la implementación de leyes, que las hay, sino con tomar con mayor seriedad y empatía a los habitantes de cada región y sus demandas alrededor de los proyectos. Conocer sus problemas previos al desarrollo de las actividades garantizará el menor impacto de estas en sus rutinas.
Apuntar a procesos más transparentes, menos invasivos y con menor impacto ambiental debe ser el norte del sector extractivo. Además, también debe cumplir con sus responsabilidades sociales en las comunidades de las que sea parte.
De esta manera se podrán reducir efectivamente los conflictos sociales, generando mayor confianza en el sector y abriendo nuevos espacios para su crecimiento.
Fuentes:
Tía María: ¿Qué es la licencia social y cómo impacta en las empresas mineras?
Batalla entre la minería y la ecología
Defensoría del Pueblo, en su Reporte de conflictos sociales N° 188 (Octubre 2019)
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