
Concepción, institucionalización y descentralización de la protección al consumidor en el Perú: un análisis comparado con México, Estados Unidos, Brasil y Suecia
La protección al consumidor es uno de los instrumentos más importantes para el buen funcionamiento de una economía social de mercado moderna. Tres elementos son cruciales para distinguir su grado de efectividad:i) el ámbito de la protección, ii) el sistema institucional que hace cumplir las leyes y resuelve los conflictos y iii) su extensión a lo largo y ancho del país. En el Perú la protección al consumidor tiene una concepción limitada, una aguda debilidad institucional y poco alcance territorial.
Al revisarse las experiencias de México, Brasil, Estados Unidos y Suecia se descubren algunos elementos que podrían adaptarse para posibilitar mejoras significativas. Los ejes más importantes son: a) una concepción más amplia de la protección al consumo, b) la necesidad de una autoridad rectora (ejecutiva) a nivel central que haga cumplir las leyes y articule el accionar con las otras autoridades sectoriales, descentralizando sus funciones a través de los gobiernos regionales y municipales y c) la más amplia variedad de mecanismos privados, públicos y de la sociedad civil que brinden justicia a los consumidores, descentralizando las causas de menor cuantía a nivel municipal, y las causas de mayor cuantía, autoridades y sociedad civil, a nivel regional y nacional. La justicia pública administrativa debe ser gratuita en las causas de menor cuantía y autónoma e independiente de las autoridades ejecutivas en todas las causas.
Estas lecciones pueden ser útiles no solo para el Perú sino para otros países de América Latina.
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La interrupción en el suministro de gas natural vehicular (GNV) y el incremento del precio internacional del petróleo, asociados a la guerra en Medio Oriente, han reabierto el debate sobre el teletrabajo en Perú como medida para reducir la demanda de combustibles y mitigar el impacto energético. En este contexto, Edmundo Lizarzaburu, profesor de la carrera de Administración y Finanzas de ESAN University, explicó en RPP TV, que esta modalidad, ya contemplada en la legislación peruana, puede aplicarse temporalmente tanto en el sector público como en el privado, siempre que se garantice una adecuada conectividad y se respeten las condiciones laborales de los trabajadores.
El mecanismo de Obras por Impuestos se consolida como una herramienta clave para acelerar la ejecución de infraestructura en el Perú. Según explicó Manuel Paredes, director de la Maestría en Gestión Pública y Desarrollo Territorial de ESAN, en una entrevista a Sol TV, este modelo permite que empresas privadas financien y ejecuten obras con cargo a sus impuestos, reduciendo plazos frente a los procesos tradicionales de contratación pública. Para el especialista, la articulación entre el sector público y privado no solo agiliza la ejecución de proyectos, sino que también contribuye a cerrar brechas de infraestructura y atender demandas urgentes de la población en distintas regiones.
El estudio, presentado por ESAN y la Université Côte d’Azur, propondrá soluciones para equilibrar turismo y calidad de vida en Lima y Niza. El programa ECOS Nord impulsa la cooperación científica entre Perú y Francia mediante el financiamiento de proyectos de investigación conjunta.