Desde noviembre del 2014 está en el Congreso el proyecto de ley N°4008 presentado por el Ejecutivo que se denomina 'Ley que promueve el mejor desempeño del mercado laboral'. Dicha iniciativa propone, entre otras acciones, disminuir el porcentaje de trabajadores comprometidos en el despido colectivo de 10% a 5%. Así, se permitirá reducir desde un trabajador para el caso de una microempresa hasta 25 personas para una gran empresa, lo cual hará que las organizaciones puedan retomar en el más corto plazo su crecimiento económico.

Por otro lado, el Ejecutivo propone que el trabajador tenga la facultad de decidir quién lo representará en un proceso de cese colectivo. Es decir, el empleado podrá indicar si quiere negociar por sí mismo, con un representante o con un sindicato.

Cambios en la Sunafil

La iniciativa del Ejecutivo busca introducir cambios en la ley de creación de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), como la participación de los ministerios de Economía y de la Producción en el consejo directivo de dicho organismo con el fin de otorgar una visión multidisciplinaria en la designación de los vocales del Tribunal de Fiscalización Laboral, órgano resolutivo en los temas de cumplimiento de las normas laborales.

Asimismo, dentro de los requisitos para ser vocal de dicho tribunal se sugiere establecer la acreditación de por lo menos cinco años de experiencia laboral en investigaciones sociolaborales.

El proyecto de ley que promueve el mejor desempeño laboral también plantea modificaciones a la Ley General de Inspección del Trabajo, como por ejemplo establecer el criterio de cosa juzgada en la labor inspectiva con la finalidad de que no se pueda realizar más de una inspección sobre el mismo hecho y sobre el mismo trabajador.

Finalmente, la iniciativa pone a consideración la posibilidad de que los inspectores no puedan avocarse a la evaluación de temas judicializados o que son de competencia exclusiva del Poder Judicial.

Sobre este último punto, Ricardo Herrera, profesor de la Maestría en Finanzas y Derecho Corporativo de ESAN, consideró que la iniciativa pondría trabas al trabajo de la Sunafil porque una empresa de "mala fe" podría abrir un proceso judicial para frenar la inspección.

"Una empresa que sabe que está en falta puede entablar una demanda judicial  para cortar la inspección y evitar una multa. Por ello, debería mejorarse la regulación para evitar esta situación", explicó. Herrera agregó que también se podría perder la ocasión para que los inspectores hagan la investigación y emitan un acta de infracción. Sin embargo, consideró que hay un aspecto positivo en el proyecto, pues garantizaría seguridad jurídica, es decir, evitaría que el Poder Judicial y el Ministerio de Trabajo den respuestas contradictorias ante un mismo problema legal.

"Puede suceder el caso de que el Ministerio de Trabajo diga que las horas extras deben ser mejor pagadas y corresponde un reintegro, pero el Poder Judicial señala que están bien pagadas, habiendo una contradicción en el propio Estado", comentó.

¿Está usted de acuerdo con los cambios propuestos por el Ejecutivo?

Ricardo Herrera

Abogado, Pontificia Universidad Católica del Perú. Magister en Derecho Constitucional (Pontificia Universidad Católica del Perú). Actualmente Socio Principal del Estudio Muñiz, Ramírez, Pérez-Taiman y Olaya Abogados.

Profesor de la Maestría en Finanzas y Derecho Corporativo de ESAN.