El confinamiento decretado por el Gobierno -a causa de la pandemia- provocó la paralización de varios procesos de diálogo. Sin embargo, terminada la cuarentena, los conflictos sociales se han reactivado, poniendo en riesgo la salud de cientos de personas.

De acuerdo al Reporte de Conflictos Sociales Nº 198 de la Defensoría del Pueblo, al mes de agosto de 2020 se han registrado 190 conflictos sociales en el país (143 activos y 47 latentes). De ellos, el 66.8 % son de carácter socioambiental. De esa cantidad, el 62.2 % está vinculado a la actividad minera. 

A pesar de ello, la Minería es una de las principales fuentes de ingresos para el país. Según el Ministerio de Energía y Minas, la industria minera generó 4644 millones de soles solo en el 2019. Sin embargo, la crisis económica generada por la pandemia ha reducido el canon minero, afectando de manera significativa el gasto público y los recursos de los gobiernos locales y regionales. Eso llevaría a un rebrote de los conflictos sociales. 

Los conflictos sociales y el diálogo durante la pandemia 

El diálogo entre los actores sociales es clave en la resolución de conflictos. Debido a la COVID-19, estos procesos se han visto interrumpidos o limitados durante el confinamiento. 

Según el informe Prevención y gestión de conflictos sociales en el contexto de la pandemia por el covid-19 realizado por la Defensoría del Pueblo, durante la cuarentena los "representantes de las organizaciones o comunidades, mantuvieron sus actividades de gestión y coordinación con los demás actores del conflicto". No obstante, "los problemas se hicieron más difíciles de tratar debido a que las reuniones presenciales estaban prohibidas". 

A ello se suma los problemas de conectividad. Las reuniones virtuales entre los representantes de las comunidades, funcionarios del Estado y las empresas mineras fueron cada vez más limitadas, por lo que se recurrió a las coordinaciones telefónicas con aquellos que tenían acceso a este servicio.  

Para adaptarse a la nueva normalidad, la Defensoría del Pueblo ha propuesto algunas soluciones para mejorar el diálogo: 

• Reuniones presenciales solo con personajes claves. 

• Permitir la movilización de los representantes de las comunidades a las localidades más cercanas que cuenten con conectividad.  

• Reunir a un número limitado de funcionarios para que visiten las comunidades y mantengan reuniones presenciales con sus representantes. 

Según datos de la Defensoría del Pueblo, 95 conflictos sociales ya vienen siendo atendidos a través de mecanismos de diálogos. De esa cifra, el 76.8 % está vinculado a problemas socioambientales. 

¿Qué esperan las comunidades de las empresas mineras? 

Las comunidades esperan que las empresas mineras respondan sus solicitudes. Entre los pedidos más destacados están los relacionados a la salud. Es decir, implementos de protección personal, desinfección de casas y plazas y la implementación de planes de fumigación, según comenta la propia Defensoría del Pueblo. 

Asimismo, la Defensoría pide a las empresas del sector cumplir con los compromisos acordados y trabajar en conjunto con las municipalidades y el Gobierno para superar los problemas económicos que ha desencadenado la pandemia.       

Si quieres saber más de este tema, participa en el Diploma Internacional Relaciones Comunitarias y Responsabilidad Social de ESAN.

Fuentes:

El Covid-19 y los escenarios de la conflictividad social en el Perú

Canon minero en Perú suma más de 4 mil millones de soles

Defensoría del Pueblo: al mes de julio se registran 192 conflictos sociales

Prevención y gestión de conflictos sociales en el contexto de la pandemia por el covid-19