Según MKC Consultoría Estratégica, los Estados Unidos constituye el principal destino de los productos agrícolas peruanos, pues comprende casi el 50 % del total de estas exportaciones. El valor free on board (FOB) total de las exportaciones agrícolas a ese país en el 2024 fue de USD 4 440 750 000, lo que resultó en una balanza comercial positiva de USD 3 658 665 000. Dada la coyuntura actual, si el Gobierno estadounidense impusiera aranceles a todos los productos agrícolas peruanos que ingresan a ese país, los exportadores nacionales podrían sufrir severas pérdidas económicas, en caso de que se materializara el peor de varios posibles escenarios. 

Por ejemplo, podríamos considerar que la demanda estadounidense de productos agrícolas peruanos sea inelástica por completo, por lo que las tarifas no tendrían ningún efecto sobre la demanda y las cantidades exportadas. O podríamos plantear un escenario en el que parte de la tarifa sea absorbida por los importadores y, por tanto, su valor no sea transferido en su totalidad a los consumidores. También existe la posibilidad de que los exportadores peruanos reduzcan el precio de su oferta para que sus productos lleguen al consumidor en el país de destino a precios iguales a aquellos vigentes antes de la imposición de tarifas. 

En este artículo, presentaré un modelo bastante simple en el que se asume que ni el país importador ni el exportador tienen suficiente poder de mercado para afectar el equilibrio mundial de precios. También se asume que el 100 % del valor de la tarifa se transfiere a los consumidores del país de destino y que el país importador impone una tarifa ad valorem de 25 % a todos los productos agrícolas peruanos. Si tomamos en consideración los datos disponibles hasta el momento, asumiremos que el valor de referencia al cual se aplica la tasa impositiva es el valor FOB. 

Nociones básicas sobre los precios internacionales

Como la tarifa es un impuesto que constituye un costo adicional para el importador, esta suele transferirse a lo largo de la cadena de valor hasta llegar al consumidor final, que termina por pagar el sobrecosto. ¿Cuál es la consecuencia de dicho sobrecosto para el productor, el exportador, el importador y el Gobierno del país que importa el producto? A continuación, analizaré dichas consecuencias desde un punto de vista estrictamente teórico y, luego, a manera de ejemplo, propondré algunas cifras hipotéticas.

Los precios internacionales suelen determinarse a través del libre mercado y las respectivas fuerzas de oferta y demanda en equilibrio. La curva de demanda de bienes normales tiene pendiente negativa en un sistema cartesiano donde las cantidades se representan en el eje horizontal y los precios, en el eje vertical. Así, un determinado grupo de consumidores está dispuesto a pagar precios altos cuando las cantidades ofrecidas son limitadas, pero, a medida que el precio se reduce, mayor cantidad de consumidores están dispuestos a adquirir el bien. 

El consumo responde a cambios en los precios y dichos cambios se cuantifican mediante la elasticidad de la demanda, definida como el cambio porcentual en la cantidad demandada debido a un cambio porcentual en el precio. Por su parte, la curva de oferta de bienes tiene pendiente positiva, lo que quiere decir que los productores están dispuestos a ofrecer mayores cantidades de un determinado producto, a medida que su precio se incrementa. La elasticidad de la oferta es el cambio porcentual de la cantidad ofrecida, debido a un cambio porcentual del precio. 

Beneficios para todos los actores

En el mercado libre, los precios y las cantidades se ajustan según las condiciones de oferta y demanda existentes hasta hallar su equilibrio en las cantidades y los precios realmente transados. Este fenómeno económico, en sí, constituye un beneficio para los consumidores porque, ante un cierto precio de equilibrio, una parte de dichos consumidores estaría dispuesta a pagar mayores precios si las cantidades ofrecidas fueran menores, pero gozan del beneficio del mercado que les permite pagar un menor precio. 

Estos consumidores están representados a la izquierda del punto de intersección de las curvas de oferta y demanda, y el beneficio es la diferencia entre el precio que están dispuestos a pagar si las cantidades ofrecidas fueran menores y el precio, realmente pagado. La suma de todas estas cantidades constituye el llamando beneficio del consumidor. 

Los productores también se benefician con el libre mercado. El beneficio del productor es la suma de los productos matemáticos comprendidos por las cantidades que los productores estarían dispuestos a ofrecer a menores precios que el precio de equilibrio del mercado y las respectivas diferencias entre el precio realmente transado y el menor precio que hubiera resultado si las cantidades ofrecidas hubiesen sido menores.

Consecuencias de las tarifas gubernamentales

En presencia de tarifas, la demanda de los bienes se reduce porque el precio se incrementa. Ante este nuevo nivel de cantidad demandada, también se registrará un nuevo nivel de cantidad ofrecida, pero los precios pagados por los demandantes y los precios obtenidos por los oferentes ya no serán los mismos, sino que se diferenciarán en el monto de la tarifa. Además, ahora la transacción tiene un actor adicional: el Gobierno del país importador, que se beneficia con el ingreso pecuniario resultante de multiplicar la tarifa por la cantidad total importada. 

Los consumidores ahora pagan un mayor precio y, por lo tanto, consumen una menor cantidad. En este escenario, una parte del beneficio del consumidor se pierde por completo, la cual corresponde a la cantidad que se dejó de consumir en el rango de precios ubicados entre el precio sin tarifa y el nuevo precio con la tarifa incluida. Otra parte del beneficio del consumidor se transfiere al Gobierno, lo que merma de manera significativa el beneficio del consumidor.

De forma similar, se produce una pérdida neta en el beneficio del productor, relacionada con la cantidad que dejó de producir y vender en el rango de precios ubicados entre el precio sin tarifa y el nuevo precio con la tarifa incluida. Al igual que ocurre con el consumidor, una parte del beneficio del productor se transfiere al Gobierno.

La imposición de tarifas merma el beneficio que el libre mercado otorga a la sociedad, lo que reduce el beneficio del consumidor y el productor. Queda a discreción del Gobierno transferir el ingreso que adquiere para maximizar el beneficio social. Sin embargo, en transferencias de riqueza social fomentadas por el Gobierno, no se pueden descartar pérdidas debido a la ineficiencia de la burocracia gubernamental, los intereses políticos sesgados o la corrupción. 

Posible impacto del arancel estadounidense

Imaginemos ahora una situación en la que el Gobierno de los Estados Unidos impone una tarifa de 25 % a las uvas frescas procedentes del Perú. Según cifras de la Superintendencia Nacional de Aduanas del Perú, en el 2024, el valor FOB de las exportaciones peruanas de uvas frescas a los Estados Unidos fue de USD 850 284 447 para una cantidad exportada de 263 034 toneladas. Por tanto, el precio promedio por kilo de uvas fue de USD 3.23. 

Una tarifa del 25 % aumentaría el precio FOB en USD 0.81 por kilo a USD 4.04 por kilo. Como el propósito de este articulo no es presentar un estudio minucioso de un evento hipotético y ante la imposibilidad de encontrar estudios actuales confiables sobre la elasticidad de demanda de las uvas peruanas en Estados Unidos, asumamos de manera aleatoria que dicha elasticidad sea de -1.5, con lo que el aumento del precio en 25 % resultaría en una disminución de 38 % en la cantidad demandada. 

En este escenario, la cantidad exportada se reduciría a 164 396 toneladas, por lo que los importadores en el país de destino pagarían un total de USD 664 284 724 (incluida la tarifa) y los exportadores peruanos recibirían USD 398 570 834.  La diferencia entre estas cifras, de USD 265 713 890, es lo que el Gobierno recaudaría en impuestos a la importación de uvas de mesa peruanas.

Como vemos, el valor FOB total disminuiría de poco más de USD 850 millones a alrededor de USD 664 millones, producto de una caída más que proporcional en la cantidad demandada, como resultado de un aumento en el precio. En este proceso, los exportadores peruanos se verían afectadas no solo porque la cantidad comercializada pasaría de USD 850 millones a USD 665 millones, sino también porque, de esta cantidad, ellos solo recibirían alrededor de USD 400 millones, como resultado de la política arancelaria del país importador.

Este ejemplo sobre la imposición de tarifas a la importación de productos agrícolas peruanos no incluye potenciales efectos sobre el precio al consumidor final, que son menos evidentes, pero que también podrían disminuir la cantidad demandada. Por ejemplo, si el transporte terrestre y el almacenaje en destino son un porcentaje del valor CIF (FOB + seguro + flete marítimo), estos costos elevarían aún más el precio final del producto, ya que el porcentaje se aplicaría a un valor mayor que aquel en ausencia de tarifas.

El Gobierno, las instituciones académicas y las consultorías privadas peruanas deberían estudiar en detalle los efectos potenciales de la imposición de tarifas por Gobiernos de países importadores u otras medidas que pudieran afectar el ingreso de divisas y el bienestar de un pujante sector de la economía peruana. Asimismo, deben plantear medidas para contrarrestar sus efectos perniciosos y apoyar a los agricultores y empresarios del sector. ¿Qué acciones propondrías para gestionar este escenario? Déjanos tu opinión.

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