En las últimas dos décadas, el Perú ha experimentado un notable crecimiento en la producción y exportación de diversos productos agrícolas, sobre todo en el caso de las frutas frescas. Basta con revisar algunos indicadores económicos para verificar esta realidad, ya sea el producto bruto interno (PBI) agrícola, el nivel de empleo en el sector o el volumen de exportaciones. Por ejemplo, entre enero y julio del 2025, el valor de las exportaciones de productos agrícolas peruanos ascendió a USD 6400 millones y las proyecciones para el año completo se estiman en cerca de USD 15 000 millones, un récord histórico. 

Ese crecimiento es posible gracias al emprendimiento desarrollado por el sector, que no solo incluye la producción agrícola propiamente dicha, sino también múltiples y complejas cadenas de suministro que incluyen actividades logísticas, financieras o comerciales, entre otras. No obstante, las cadenas dirigidas a mercados internacionales aún no están acompañadas de procesos desarrollados por la agroindustria local, de cara a los mercados internos, y que constituyan un elemento adicional para generar ingresos y reducir riesgos. La nueva Ley Agraria, recién aprobada, contempla incentivos para la agroindustria que incluyen, por ejemplo, beneficios tributarios.

Existe una brecha estructural entre la producción primaria y la capacidad de transformación que, en muchos casos, conlleva la pérdida de productos no exportables que podrían ser valorizados. Este artículo reflexiona sobre esa paradoja y propone alternativas para diseñar modelos agroindustriales viables y sostenibles que complementen la actual estrategia exportadora.

Crecimiento rezagado de la agroindustria

La agroexportación se ha convertido en uno de los pilares de la economía peruana, con especial mención al buen desempeño de productos como la uva, el arándano, la palta, el mango y los cítricos. Este crecimiento ha sido impulsado por inversiones privadas en el mejoramiento de tierras, la infraestructura agrícola, la maquinaria y el equipo, etc.  

Se ha invertido en mejoras logísticas, como el transporte terrestre, el uso de puertos o la gestión en la disponibilidad y la asignación de contenedores. El Estado también contribuyó con infraestructura hidráulica, puertos, carreteras y tratados comerciales que facilitan la exportación en condiciones favorables, además de la capacidad y vocación productiva de las empresas a todo lo largo de la costa del Perú.

No obstante, mientras el sector exportador de productos frescos avanza a un ritmo vertiginoso, la agroindustria transformadora no lleva el mismo ritmo. Como consecuencia, la fruta que no cumple los estándares de exportación se vende a precios ínfimos (el llamado hold-up problem). En el peor de los casos, se descarta y destruye, lo que genera pérdidas económicas, desaprovechamiento de recursos y mayor exposición ante riesgos de mercado. 

Por ejemplo, en Pisco e Ica, el cultivo de mandarina, con variedades como Primosole y W. Murcott, permite cosechas diferenciadas (Primosole entre marzo y abril, y W. Murcott entre julio y agosto). Por lo tanto, ofrecen posibilidades comerciales diversificadas. 

Durante estas campañas, se generan volúmenes importantes de fruta descartada por calibre, forma o apariencia, pero con calidad organoléptica y sanitaria perfectamente apta para el consumo. En la actualidad, no existe una infraestructura agroindustrial en esta región que permita transformar los descartes en productos con valor agregado, como jugo, mermelada, pulpa congelada o cáscara seca. Es una oportunidad perdida no solo desde el punto de vista económico, sino también en términos de sostenibilidad y competitividad.

Limitaciones estructurales del sector

La agroindustria peruana presenta limitaciones estructurales complejas y variadas. La estacionalidad puede considerarse una característica propia de la producción agrícola que no permite un flujo continuo de materia prima a lo largo de todo el año y que, para las plantas procesadoras, resultaría en capacidad instalada ociosa durante varios meses del año. A su vez, impide a los inversionistas justificar asignaciones de capital para este propósito si la inversión no prevé un uso adecuado de la capacidad instalada. 

Estas limitaciones no son exclusivas de la agroindustria peruana. En países como España, Italia o Países Bajos, los pequeños y medianos productores recurren a la acción colectiva para planificar la transformación y venta de frutas y hortalizas mediante cooperativas agroindustriales o comerciales de alta rentabilidad.  En el Perú, la evidencia anecdótica pareciera indicar que existe resistencia al cooperativismo debido a desafortunadas experiencias pasadas, aunque ese sesgo cognitivo, si existe, habría que descartarlo para beneficio del sector.

Otra limitación que parece recurrente en la economía peruana es la falta de integración de los mercados locales, lo que resulta en baja demanda nacional y un casi nulo procesamiento de los productos destinados a los mercados internacionales. Las experiencias del guano, el caucho, el algodón y hasta los minerales debieran motivar consideraciones sobre las posibilidades que se generan en los mercados locales e internacionales a partir de las exportaciones de productos primarios.

Soluciones para impulsar la agroindustria

Los problemas planteados no son insuperables, sino que generan oportunidades y cuentan con alternativas de solución. El problema de la estacionalidad, por ejemplo, puede enfrentarse mediante el diseño de plantas procesadoras multiproducto que procesen diversas frutas, según la estacionalidad. De manera alternativa o concomitante, se pueden diseñar y desarrollar plantas pequeñas y reubicables, lo que también significaría una menor inversión inicial y una mayor flexibilidad en cuanto a las consideraciones de su uso.

Los modelos asociativos abren una inmensa gama de posibilidades, en el acopio y la adquisición de materias primas, el procesamiento, el empaque o la comercialización de la producción. A través de las cooperativas, los productores primarios pueden ganar poder de negociación en la compra de insumos y la venta de su producción, contar con más fuentes de información y abrir el acceso a más mercados y fuentes de financiamiento, entre otros beneficios.

Se debe considerar la ubicación de las plantas de procesamiento que atiendan mercados locales en zonas con concentración de producción primaria para facilitar la logística de acopio. Así, a los productores locales les puede resultar más eficiente, en términos económicos, vender su fruta a un procesador cercano, antes que descartarla o venderla a precios insignificantes. De ser ese el caso, las plantas procesadoras para el mercado externo podrían diseñarse para cumplir una función dual y atender los mercados internos y externos.

Acciones urgentes de los actores clave

Al desarrollar las oportunidades antes mencionadas, debiera tomarse en consideración el potencial valor agregado integral. De esa manera, no solo se crearían plantas para la producción de jugo o mermelada, sino también subproductos como el aceite esencial de cáscara, el compost o los insumos para la industria cosmética.

El Gobierno central y los regionales también pueden aportar a este esfuerzo diversificador mediante el financiamiento de proyectos que, por ejemplo, una cooperativa de productores primarios no puede asumir. También podrían otorgar beneficios tributarios a las empresas que invierten en plantas de procesamiento y cuentan con planes para su desarrollo a largo plazo, y promover compras públicas de jugos, pulpas y derivados para su consumo en colegios, hospitales o programas sociales. La nueva Ley Agraria promueve y regula a las cooperativas e, incluso, les otorga incentivos y beneficios en financiamiento.

Por su parte, las universidades y los centros de investigación tecnológica pueden desarrollar conceptos relacionados con la innovación en el diseño de procesos productivos, o de empaques y derivados. A su vez, ello puede ser promovido por los Gobiernos central y regionales. En este caso, la nueva Ley Agraria también impulsa la innovación y la educación técnica, entre otros aspectos.

La agroexportación ha transformado la economía peruana, pero requiere un complemento agroindustrial para fortalecer este crecimiento frente a los riesgos intrínsecos de la actividad agrícola. La valorización de los saldos no exportables reduce pérdidas, diversifica ingresos, genera empleo rural y promueve una economía circular. 

El impulso a la agroindustria es una tarea pendiente del Estado, el sector privado y la academia para alinear al campo que agrega valor con el desarrollo integral del país. La nueva Ley Agraria contempla muchos aspectos que antes se consideraban desatendidos, para promover e incentivar el desarrollo del rubro. ¿Qué acciones urgentes añadirías? Déjanos tu opinión.

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