La RSE constituye un nuevo enfoque, haciendo que las decisiones se fundamenten en la ética y en la inclusión de los intereses de todos los públicos que afectan y son afectados por la actividad empresarial. Se afirma que la responsabilidad social surge como una respuesta a la necesidad de equidad social y que sirve a su vez como distintivo de competitividad al otorgarle un valor agregado a aquellas empresas que de la incorporan voluntariamente.

Pero además de las empresas, la responsabilidad social es hoy en día un asunto que atañe también a otros actores como el gobierno, las organizaciones no gubernamentales (ONGs) y la sociedad civil en su conjunto. Se trata de una tarea compartida en la que todos desempeñan un rol importante dado que una adecuada gestión tendrá efectos positivos en materia de integración social, fortaleciendo el desarrollo y la sostenibilidad de cualquier proyecto empresarial con visión de futuro.

En consecuencia, la gestión de la responsabilidad social debe estar a cargo de los empresarios, directores de empresas, representantes de organismos públicos, de las ONGs y de la sociedad civil, teniendo como norte emprender y dirigir acciones, estrategias y programas con objetivos concretos.

Una gestión de responsabilidad social en una empresa no es diferente a la que se realiza en una ONG o en una entidad pública. Lo importante es ver la forma de administrar los recursos y las personas y cómo se toman en cuenta las expectativas y necesidades de los organismos públicos interesados y del medio ambiente en el cumplimiento de los objetivos de las organizaciones.

Hace falta que el gobierno promueva una política de responsabilidad social empresarial. Se requiere, por ejemplo, leyes que respondan a los intereses del país y apoyando o creando entidades que contribuyan al desarrollo de la RSE.

Desde esta perspectiva es un avance la promulgación de la ley general del ambiente, Ley Nº 28611, en la que se ha tomado en cuenta los cambios en el medio ambiente y por tanto se toman acciones para defenderlo, ordenando el marco legal ambiental peruano y estableciendo un compromiso de los actores públicos y privados en la gestión ambiental. Otro ejemplo de accionar estatal es el apoyo a Fondebosque, que tiene como finalidad promover el desarrollo de negocios forestales sostenibles y competitivos, social y ambientalmente responsables, fortaleciendo capacidades técnicas y empresariales mediante servicios innovadores de financiamiento, información, investigación, capacitación y gestión empresarial.

Por su parte, las ONGs deben impulsar la creación de bolsas de proyectos como es el caso del concurso Creer para Crear, que apoya y premia la investigación y el desarrollo de nuevas ideas para el desarrollo que mejoren la calidad de vida de los pobladores de menores recursos, involucrándolos en el proceso para que logren sus objetivos por sí mismos. Asimismo deben fomentar el financiamiento externo para estos proyectos.

Las empresas privadas tienen un rol clave. Un caso destacado es el de la Compañía Minera Antamina, que ha creado la Asociación Ancash asignándole un presupuesto y creando junto con ella el Fondo de Sostenibilidad de Huarmey. También ha suscrito un convenio marco con la Municipalidad de Huarmey para contribuir con el desarrollo de esta ciudad. El mencionado fondo será invertido en proyectos seleccionados por los representantes de la sociedad civil huarmeyana, que deberán fiscalizar el uso eficiente de los recursos.

Como podemos apreciar, la responsabilidad social es una tarea compartida en la que cada uno de los actores, ya sean públicos o privados, tiene una participación definida que debe cumplir a cabalidad.