Podría normarse, por ejemplo, que todas las empresas que logran altos márgenes de beneficios estén obligadas (y ya no sólo sería moralmente) de beneficiar a las comunidades circundantes o a la región donde realizan sus actividades.

Algunas empresas mineras han tomado iniciativas interesantes en el mantenimiento del medio ambiente, el acceso a servicios básicos, así como a la educación, con la construcción o mejoramiento de colegios en las localidades alejadas y/o poco favorecidas. Del mismo modo, la continua capacitación de los recursos humanos al interior de la empresa no puede ser dejada de lado.

Hay muchos esfuerzos dispersos y poco coordinados. Para generar una mayor coordinación en las acciones a desarrollar, la RSE debería incorporarse en la agenda del Acuerdo Nacional. Así, todos los sectores involucrados serán escuchados y se concretará un plan de acción sin mayores problemas, habiendo tomado en cuenta las diferentes opiniones de los líderes políticos.

Las trabas burocráticas desalientan a los empresarios y deberían ser solucionadas con la creación de procedimientos más simples de constitución de empresas así como para la obtención de los demás permisos necesarios.

El Estado debe participar mediante el financiamiento indirecto a favor de las diferentes organizaciones de carácter privado, renunciando parcialmente a sus expectativas de recaudación, con efecto redistributivo. En el caso del Impuesto a la Renta, cierta proporción de las donaciones y/o aportes que realicen las empresas contribuyentes podría ser deducida como crédito, rebaja o gasto -según la legislación correspondiente- contra el impuesto original a pagar.

Los mecanismos tributarios que promueve la RSE dependen de los objetivos y herramientas de la política económica particular de cada Estado, pero podemos identificar ciertos elementos esenciales que deben tenerse en cuenta en el ámbito de los incentivos tributarios:

• El grado de extensión del beneficio en cuanto a los posibles beneficiarios o receptores de las donaciones o aportes;
• El mecanismo para deducir las donaciones, gasto o crédito  en el caso del impuesto a la renta; y
• El establecimiento de registros administrativos y mecanismos de control por parte del estado, lo cual implica el consecuente gasto público.

La evidencia empírica nos enseña que los beneficios tributarios no deben ser otorgados indiscriminadamente, porque podrían ser mal empleados, desvirtuándose el fin para el que fueron creados.

Resumiendo: las reglas de juego vigentes para los inversionistas nacionales y extranjeros que quieren hacer empresa en el Perú conforman un gran obstáculo para el desarrollo. El Estado no es capaz de estimular negocios formales rentables, en el sentido que existe un marco normativo que cambia constantemente. Las empresas luchan por establecerse y crecer, buscando el beneficio propio, pero debieran también buscar el beneficio de la comunidad.