Es factible que el Estado entregue en concesión, mediante licitación pública, un número determinado de nuevos centros educativos públicos a entidades privadas, a fin de que estas se encarguen de la construcción e implementación de la infraestructura educativa y brinden un servicio educativo de calidad. Como contraprestación, estas entidades recibirán una remuneración per cápita, que será el factor de competencia para obtener la buena pro en las licitaciones y concursos respectivos. Además, los concesionarios tendrán la posibilidad de generar otros ingresos por la realización de actividades educativas no escolares en la misma infraestructura que administran.

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