Hablan de tener un déficit fiscal de alrededor 3% para los próximos dos o tres años (con lo cual no tienen mucho margen de maniobra ya que el actual déficit fiscal está cercano a esa cifra); y/o llegar a un ratio Deuda/PBI de 30%, para luego revertir esta situación. Esto, nos dicen, no sería tomado de forma negativa por las clasificadoras de riesgo (no implicando por cierto una rebaja de nuestra clasificación de riesgo país de BBB+).

En todo caso, hay que ir con cuidado en cuanto al déficit fiscal:

1. Un mayor déficit fiscal, que implique en mayor o menor grado una mayor emisión de deuda o uso de recursos financieros por parte del gobierno, resta recursos que puedan ser usados por el sector privado para sus inversiones y mejoras de productividad. Asimismo, implica mayores costos de financiamiento para el sector privado (tasas de interés), debido a la "competencia" por dichos recursos entre el sector público y las empresas privadas.
2. Un mayor déficit fiscal implica expectativas futuras de mayores impuestos y/o un menor gasto público dado que el gobierno necesitara más recursos para cerrar la brecha fiscal, lo cual puede significar un freno al crecimiento futuro. Lamentablemente la presión tributaria es baja, afectando en gran medida a los que tributan (generalmente los agentes formales).
3. El punto 1 se agrava ante las expectativas de subidas de tasas de interés por parte de la FED, lo que implicaría mayores costos de financiamiento y/o menos oferta de fondos. Esto implica que el gobierno tendrá que endeudarse a mayores tasas en el futuro, lo que implicaría mayores impuestos y/o menores gastos, nuevamente.
4. El tener mayores déficits y usar parte de FEE quita recursos y margen de maniobra en caso de necesitarse políticas contra cíclicas en un futuro. 

La idea es realizar un estímulo fiscal de corto plazo (de uno a dos años) con políticas fiscales expansivas, a fin de "impactar" positivamente en las expectativas de los agentes en cuanto al crecimiento del PBI para revertirlo en los próximos años.

Sin embargo, este mayor gasto tendría que hacerse en inversión pública (infraestructura, por ejemplo) a fin de mejorar la productividad del país y a la vez de avanzar en la formalización, y ampliar la base tributaria. Sería muy peligroso realizar este mayor uso de recursos en gasto corriente que, además, suele convertirse en un gasto estructural y en derechos ganados o adquiridos difíciles de retirar.

El próximo gobierno tendrá que hilar muy fino en este sentido.