El caso de la gran minería es muy representativo, debido a los grandes márgenes de beneficio que han obtenido en el último quinquenio.

Dichos márgenes funcionan como un buen aliciente para que esas empresas se preocupen por mejorar la calidad de los recursos humanos, de las poblaciones y comunidades circundantes a los yacimientos, así como del buen mantenimiento del medio ambiente que las rodea, como el acceso a la salud o a los servicios básicos, entre otras contribuciones sociales.

Las mejoras sobre los recursos humanos pueden provenir de dos grandes fuentes.

La primera es la capacitación del personal que trabaja para las empresas. Las capacitaciones elevan la calidad del capital humano disponible en la economía, más allá de las obvias mejoras en productividad que se obtienen con estos procesos.

La segunda tiene un efecto menos directo, pero no por ello menos importante. Nos referimos a las contribuciones a la educación en general, y la escolar en particular, que actualmente se encuentra en un estado deplorable, sobre todo en las comunidades más alejadas.

La sostenibilidad de una empresa de gran minería en un país en vías de desarrollo está ineludiblemente relacionada con el papel del Estado y en particular, con las políticas gubernamentales sobre la inversión extranjera  directa en la exploración y explotación de recursos mineros.

La necesidad de conservar, defender y mejorar el ambiente y los recursos naturales, es decir, de prever que no se produzcan hechos que deterioran la naturaleza, constituye el principio rector de la política ambiental que obliga al Estado a actuar dentro de unos esquemas ya planificados.