Las estrategias de financiamiento no reembolsable constituyen una de las herramientas del Estado para impulsar la competitividad del sector agrario y cerrar brechas que, por historia, han limitado el desarrollo de la agricultura familiar. A través de esta estrategia, miles de productores han mejorado su infraestructura, adoptado tecnologías, accedido a mercados y fortalecido sus organizaciones. Sin embargo, la magnitud de la demanda y la diversidad del territorio peruano revelan que estos esfuerzos, aunque importantes, todavía son insuficientes.

Responsabilidades gubernamentales

La intervención del Estado en el agro no es un privilegio ni una concesión política, es una necesidad estructural. El sector agrario, especialmente en su expresión familiar y comunal, opera en condiciones de profunda desigualdad, frente a otros sectores de la economía. A este problema se suman factores como la alta exposición a riesgos climáticos; el acceso limitado a tecnología, financiamiento y mercados, y una débil infraestructura rural. 

En este contexto, el Estado cumple un rol irremplazable como nivelador de oportunidades, articulador de capacidades y garante de derechos. Le corresponde no solo financiar, sino también diseñar políticas que reconozcan la diversidad territorial, promuevan la sostenibilidad y fortalezcan las capacidades locales para que la agricultura sea una actividad viable, competitiva y digna.

Limitaciones en el acceso al financiamiento

La cobertura del financiamiento público en el sector agrario aún presenta limitaciones considerables. Se estima que menos del 10 % de los productores agrarios accede a algún tipo de financiamiento, lo que refleja una brecha preocupante entre las políticas de apoyo disponible y su alcance efectivo en el territorio. 

Esta situación responde a múltiples barreras que se retroalimentan entre sí. Por un lado, muchos productores enfrentan una falta de información oportuna y accesible sobre los programas de financiamiento existentes y los requisitos para postular. Por otro, se evidencia una baja capacidad técnica para formular proyectos, sobre todo en organizaciones que carecen de asesoría especializada o se ubican en zonas rurales dispersas y con escasa presencia institucional.

La necesidad de un trabajo más articulado

Existe una débil articulación entre los niveles de Gobierno y los actores territoriales que genera vacíos de acompañamiento durante el ciclo del financiamiento, desde la identificación de necesidades hasta la ejecución de las inversiones. También existe una desconexión entre la oferta del Estado —muchas veces estandarizada, rígida y diseñada desde el centro— y la demanda real del agro, que es diversa, compleja y presenta una profunda territorialización. 

Por ejemplo, las comunidades campesinas y nativas suelen enfrentar obstáculos adicionales debido a modelos organizativos que no calzan con las figuras jurídicas requeridas o por la ausencia de mecanismos interculturales que respeten sus formas de gobernanza.

En este contexto, ampliar la cobertura no significa solo destinar más recursos, sino también transformar las condiciones que impiden que esos recursos lleguen a quienes de verdad los necesitan. De lo contrario, los programas beneficiarán a una minoría de organizaciones mejor conectadas, como ya sucede, y reproducirán las desigualdades en lugar de corregirlas.

Financiamiento según las necesidades del agro

El cierre de la brecha de acceso al financiamiento es un paso fundamental, pero no suficiente. El verdadero desafío radica en garantizar que ese acceso se traduzca en montos adecuados y pertinentes para las necesidades reales de cada productor o unidad productiva. 

En muchos casos, los fondos asignados son insuficientes para cubrir las inversiones en mejoras tecnológicas, lo que limita el impacto de las intervenciones. No se trata solo de llegar a más productores, sino también de hacerlo con un enfoque que reconozca la diversidad de escalas productivas, el potencial de cada cadena de valor y las particularidades del territorio. 

Reflexión final y acciones urgentes

En la práctica, el financiamiento con montos inadecuados es una forma de exclusión encubierta que limita el impacto real de las políticas públicas en el agro. Aunque un productor logre acceder a un fondo de financiamiento, si el monto asignado no guarda proporción con sus necesidades técnicas y económicas, el resultado será una intervención incompleta o deficiente que no transformará de forma significativa su capacidad productiva ni su competitividad. 

Esta situación es crítica sobre todo en cadenas que requieren inversiones intensivas —como la fruticultura, los lácteos o la agroindustria— donde los costos de infraestructura, maquinaria o certificación superan de manera amplia los topes de financiamiento establecidos. En estos casos, el financiamiento se convierte en un gesto simbólico, más que en una herramienta de desarrollo. 

Bajo este sistema, el Estado no solo pierde recursos, sino que perpetúa una lógica en la que se atiende al productor, pero sin empoderarlo de verdad. Esta exclusión no es evidente a primera vista porque aparece en forma de inclusión aparente —el productor fue beneficiado, figura en los reportes, recibió recursos, etc.—, pero el impacto real es limitado o nulo.

En un contexto global de crisis climática, inseguridad alimentaria y disputas por el uso del territorio, el rol del Estado en el agro no puede reducirse a ser un simple financista. Debe ser un facilitador de procesos, un articulador de actores y un garante del desarrollo rural con enfoque de derechos. Este desafío implica reconocer que la agricultura no es solo una actividad económica, sino también una actividad con valor social, cultural y ambiental para el país. ¿Has accedido a algún financiamiento gubernamental para tu negocio agrario? Cuéntanos tu experiencia. 

Aprende más sobre este tema participando en el curso Financiamiento no reembolsable del estado para el sector agrícola del PEE Sectorial de ESAN.