Ante la participación del sector privado en la prestación de servicios públicos, por ejemplo en el Perú, hace más de dos décadas, la Ley Marco de los Organismos Reguladores. Esta normativa escogió, actualmente, a cuatro entidades, pero podría sumarse una quinta por iniciativa del Congreso de la República.

Los cuatro actuales son: el Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran) y la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass).

La quinta podría ser la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud). El congresista Alejandro Muñante, de la bancada de Renovación Popular, presentó el proyecto de ley 14657/2025-CR, que la incorpora como organismo regulador, adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y modifica diversas normas del sistema de salud.

“Es clave fortalecer la supervisión y fiscalización de los servicios de salud, tanto públicos como privados, garantizando el respeto de los derechos de los usuarios”, señala el documento.

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Entre los artículos a modificar se profundiza en los relacionados a la potestad sancionadora y los tipos de sanciones, que van desde amonestaciones hasta la imposición de multas, clausura temporal de autorizaciones y, eventualmente, cierre definitivo.

También se detalla que se crea un Consejo Directivo estará conformado por cinco miembros: dos de la PCM, uno del Ministerio de Salud (Minsa), otro representante de los gobiernos regionales y el último de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS).

El documento se centra en dos advertencias sobre el régimen actual. El primero es que existe una “dependencia institucional” de Susalud hacia el Minsa, “situación que resulta incompatible con su rol fiscalizador, pues se coloca bajo supervisión a la misma entidad que debe ser supervisada”.

Lo segundo que se cuestiona es: “Susalud no cuenta con facultades normativas para intervenir en establecimientos de centros, postas, consultorios médicos, consultorios y centros odontológicos, entre otros”. Además, no presenta disposiciones para imponer sanciones en infracciones específicas en el rubro público de salud.

Esto, a partir de que el congresista de oposición y funciones, aprobadas con Decreto Supremo N.º 008-2014-SA, define a Susalud como entidad supervisora y fiscalizadora, mas no reguladora, investigadora o especializada para promover políticas sectoriales que minimicen problemas particulares de los usuarios.

Impacto en la calidad de salud

Si bien los expertos consultados coincidieron en que podría ser un cambio favorable darle el rango de regulador a Susalud, también mencionaron que se debe evaluar previamente si ello ayuda a mejorar la capacidad de la entidad y establecer una entidad con facultades para evitar un impacto negativo sobre el sector.

Guillermo Alva, profesor del Programa de Alta Especialización en Gerencia de Servicios de Salud de ESAN, consideró positiva la propuesta legislativa, apuntando que la calidad de servicios de salud actualmente no se ha solucionado y, naturalmente, requiere regulación para que se garantice un buen servicio. “Si bien Susalud cumple funciones en esa línea, siento que se necesita una entidad con más peso”, indicó.

Aun cuando existe, actualmente, Susalud tiene encargos, por ejemplo, sobre las Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud (IAFAS) y las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS).

Sobre esto se establecen las reglas prácticas, pero no para poder asegurar su cumplimiento a cabalidad.

Para Angélica Ruiz, asociada principal de PPU, también le hace sentido que exista un regulador en un sector clave como la salud, que está en el centro de nuestro país. El cambio sustancial es el convertirse en regulador, apuntó Ruiz, ya que tendría facultades para la regulación de temas técnicos.

Sin embargo, subrayó que no basta con convertirla en reguladora en una norma legal, sino que debe ir acompañada de un análisis de profundidad del sector. A su criterio, el problema principal es que no existe una sola regulación del sistema, pues confluyen normas del Minsa, que tiene un rol rector.

“Creo que esto debe estar acompañado de reformas más integrales, sobre todo en un sistema tan fragmentado como es el de salud. Las intervenciones de un regulador pueden ayudar a generar una importante mejora en los funcionamientos institucionales y en estándares mínimos de calidad”, manifestó.

La relevancia de esto también se hace un recordatorio a los usuarios del sector salud en momentos clave para la sociedad, demandada alrededor de la atención en general.

Oportunidades de espacio

Convertirse en un organismo regulador abre un escenario importante para elevar la calidad de los servicios de salud, puntualmente, el ámbito público. Asimismo, al incluir que el sector pueda fiscalizar directamente instituciones en los hospitales públicos.

Sin embargo, no solo depende del rango de la institución. Expertos coinciden en que se requieren presupuesto, coordinación multisectorial y mecanismos de implementación efectivos.

En esa línea, Ruiz sostuvo que el éxito de los reguladores, a partir de la experiencia en otros sectores, ha dependido de contar con direcciones y capacidades profesionales. “Tiene que dejarse de ver como un trámite y apostar por una entidad técnica”, dijo.

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