La pandemia de la COVID-19 reconfirmó lo mostrado por las cifras previas respecto de las serias limitaciones del sistema de salud para atender la demanda ciudadana: siete de cada diez peruanos que se sienten enfermos no acuden a atenderse en un centro médico, puesto de salud u hospital (y no por falta de dinero). 

Además, 4 de cada 10 soles destinados a la inversión pública en salud no son ejecutados por los niveles de gobierno central, regional ni local. Asimismo, existe una brecha de seis profesionales de salud (medicina, enfermería, obstetricia) para alcanzar cuarenta y cuatro requeridos por cada diez mil habitantes.

En este contexto, durante la campaña electoral, el actual Gobierno nunca presentó un plan concreto, de corto y largo plazo para atender la salud de la población. Sin embargo, el pasado 16 de octubre, cerca de cumplir sus primeros cien días, publicó su Política General de Gobierno (PGG) y la sustentó ante el Congreso de la República. ¿Qué implican estos lineamientos para la salud de los ciudadanos?

Política para el sector

El primero de los diez ejes de la PGG es la generación de bienestar y protección social con seguridad alimentaria. De sus siete lineamientos, los dos primeros se enfocan, de manera directa, en salud.

El primer lineamiento está referido a la pandemia. La situación actual indica que el inicio de la tercera ola se sigue postergando, probablemente como resultado de la inmunidad generada en la población por las dos primeras olas y la vacunación. En ese escenario, sin bajar la guardia, se plantean cinco líneas de intervención que incluyen el fortalecimiento del diagnóstico, la vacunación, y la provisión de insumos y vacunas.

También se plantea promover la interoperabilidad de los sistemas de salud en los ámbitos nacional y regional, referido a la efectiva articulación e intercambio prestacional entre los subsistemas de salud y enlazado con la propuesta del sistema de salud unificado del segundo lineamiento. Por otro lado, la quinta línea de intervención señala la participación ciudadana en todos los niveles para la prevención y la atención de la pandemia, que por diversos motivos, no tuvo la relevancia debida en las dos primeras olas.

El segundo lineamiento apunta a la preservación de la vida y la salud. Sus siete líneas de intervención se enfocan, sobre todo, en la organización de la oferta. La primera y más relevante consiste en establecer un sistema de salud universal, unificado, gratuito, descentralizado y participativo desde las perspectivas de la prestación y el financiamiento. Asimismo, ante el Congreso se planteó que el Seguro Integral de Salud (SIS) se convertirá, de manera progresiva, en un Seguro Universal de Salud para todos los residentes en el país. Sin embargo, cabe preguntarse si este proceso implicará un sistema único o la articulación efectiva de los subsistemas ya existentes. 

En cualquier caso, se requiere que la mencionada interoperabilidad de los subsistemas de salud se viabilice a través de la agenda digital unificada de salud. Para ello, se debe implementar la integración real de los sistemas de información de salud sobre la base de los sistemas de historia clínica electrónica (SIHCE), lo que permitirá disponer de una única información de salud por cada ciudadano y su entorno familiar y comunitario, sin que esté fraccionada, desconectada y duplicada, como sucede en la actualidad. 

Sobre la descentralización, surge otra interrogante: ¿Se insistirá con la atomización en 25 Gobiernos regionales o se procederá con las macrorregiones sanitarias, según el Plan Nacional de Implementación de Redes Integradas de Salud (PNIRIS) aprobado en julio de este año? Sobre lo participativo, se entiende que, además de la vigilancia ciudadana y la participación comunitaria, se incluye la responsabilidad de la ciudadanía en el autocuidado de su salud. 

Respecto a las intervenciones referidas a las redes integradas de salud (RIS), con énfasis en el primer nivel de atención, y a los equipos multidisciplinarios para el cuidado integral por curso de vida, se entiende que se continuará y fortalecerá lo propuesto en el PNIRIS, incluyendo el uso de los recursos del Programa de Inversión de Creación de RIS con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM) hasta el 2024.

Aunque no se menciona de forma explícita, se espera se fortalezca la atención de las enfermedades no transmisibles, responsables del 66 % de los años de vida saludable perdidos en el país. Sobre la salud mental, que es muy relevante en la carga de enfermedad en el país, se continuará sobre lo avanzado y se incrementará de 203 a 503 centros de salud mental comunitaria en el ámbito nacional. Por último, se hace énfasis en el desarrollo infantil temprano, incluyendo la lucha contra la desnutrición infantil y la anemia, siendo ésta última un significativo problema de salud pública pues afecta al 40 % de los niños de 6 a 35 meses. 

Inversión en infraestructura 

Se entiende que se ejecutará mediante las intervenciones de RIS con capacidad resolutiva óptima (primer nivel de atención), fortalecimiento de la telesalud y especialización hospitalaria regional. Asimismo, ante el Congreso se anunció la culminación y puesta en marcha del Plan Nacional de Construcción de Infraestructura Hospitalaria y un monto agregado de 3500 millones de soles, aún corto, para el cierre de la brecha de infraestructura en salud, que supera los 25 000 millones de soles a cinco años.

Sobre el anunciado plan, cabe preguntarse si se insistirá con la construcción de cuatro hospitales especializados en cada región para hacer un total de cien nuevos. O quizás se optará por el reemplazo o la rehabilitación integral de los dos a tres hospitales existentes por región, incluyendo los de EsSalud, así como, la formación regional de médicos especialistas para su dotación a estos hospitales. Este proceso formativo dura de tres a cuatro años.

Cualquiera que sea el caso, la reconfirmada incapacidad de los Gobiernos regionales en materia de inversión pública hacen poco creíble que se cumpla tal meta en este quinquenio. Las dos últimas décadas demostraron que transcurren más de cinco años desde la concepción de un nuevo hospital hasta el inicio de su operación. Al presente Gobierno le queda menos de cinco años y nuevas autoridades regionales y locales serán elegidas en un año. Es probable que varias de ellas sean de la misma calidad decepcionante que sus predecesoras. 

Sobre el fortalecimiento del servicio de telesalud para la población de zonas aisladas, se debe garantizar su conectividad para reducir la brecha existente. Ello puede culminarse entre el 2022 y el 2023, pues se cuenta con la RDNFO, ahora en manos del Estado, así como con los 21 proyectos regionales de banda ancha y otros de conexión satelital en ejecución, los cuales permitirán la conectividad en comisarías, colegios y establecimientos de salud en el país. Por otro lado, se entiende que no se dejará de masificar el uso de las herramientas de salud digital en las zonas conectadas.

Finalmente, respecto de los otros 9 ejes de la PGG, vale precisar que también incluyen intervenciones relacionadas con el sector salud. En ese sentido, se espera que exista una articulación estrecha con el segundo eje, para fomentar la inversión pública y privada con enfoque territorial; con el tercer eje, para impulsar la ciencia, tecnología e innovación; con el quinto eje, para la descentralización y fortalecimiento institucional y del servicio civil, y con el sexto eje de lucha contra la corrupción.

Trabajo conjunto

Es evidente que la salud, además de la educación, deben ser las prioridades del Estado para guiar el desarrollo del país en este quinquenio. Corresponde a la academia generar la evidencia para los diagnósticos actualizados y evaluar los pronósticos de éxito de las intervenciones planteadas para el quinquenio, sin dejar margen a interpretaciones subjetivas o interesadas y haciendo factible el sinceramiento y el seguimiento de las metas e indicadores. 

Asimismo, es muy importante que los funcionarios, especialmente de nivel intermedio, y los mandos operativos puedan ejecutar los lineamientos planteados. Para ello, deben sostenerse en la triple C, es decir, en sus competencias y conocimientos, su continuidad así como de las políticas y finalmente reduciendo o eliminando la corrupción.

Se reitera la necesidad de un shock de gestión basado en la transformación digital del sector, lo que se relaciona con el octavo eje de la PGG, referido al Gobierno y la transformación digital con equidad. Ello implica masificar e institucionalizar lo trabajado previamente por la SEGDI-PCM y por el Ministerio de Salud (Minsa), integrando el Plan Nacional de Telesalud con la Agenda Digital del Sector Salud, porque ambos corresponden a la salud digital como herramienta que lleva como centro al ciudadano y busca su empoderamiento en su familia y comunidad, a lo largo de su curso de vida. ¿Consideras factible que se cumplan estos objetivos? Déjanos tu opinión.