Según el informe Doing Business 2010, en el indicador Manejos de permisos de construcción, Perú está ubicado en el puesto 116 del ranking de 178 países. Con 21 procedimientos y un promedio de 205 días para obtener el permiso, estamos en la cola. Algo similar ocurre con los trámites para apertura de negocios. Pero no todo anda mal. En otros aspectos, como el registro de propiedades, ocupamos un encomiable puesto número 28, habiendo reducido los procedimientos a solo 4 y el tiempo promedio a 14 días. Todo un logro.

En el ranking general, que mide la facilidad para hacer negocios, Perú ocupa el puesto número 56. El gobierno se ha propuesto la ambiciosa meta de llegar en tres años al lugar 25, que actualmente ocupa nada menos que Alemania, y escalar del cuarto al segundo puesto en la región latinoamericana.

Nilda Rojas, secretaria de gestión pública de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), prevé que este año Perú escalará hacia el puesto 40 en el Doing Business, ubicación que actualmente pertenece a Chipre y en 2009 ocupó Chile (que retrocedió al puesto 49). "Avanzar 14 posiciones es muy importante. Es un desafío enorme. En el MEF, el Consejo Nacional de Competitividad y la PCM se están haciendo los esfuerzos con ese objetivo".

Sin embargo, uno de los principales escollos se encuentra en el burocratismo que persiste en muchos funcionarios municipales. Pareciera que las municipalidades sienten que tienen en sus manos un instrumento muy poderoso para hacer la vida imposible a los empresarios.

Las trabas municipales se traducen en imposiciones ilegales e irracionales que pueden frenar inversiones proyectadas, o el desarrollo o inicio de cualquier proyecto, por ejemplo en infraestructura. Si los proyectos se detienen o no se ejecutan oportunamente, la consecuencia es una sola: gran perjuicio para el ciudadano o usuario porque resulta imposible brindar el servicio o porque se originan sobrecostos y éstos deben ser asumidos por el usuario. Perdemos todos.

Pero no todo es retraso y obstáculos en las municipalidades. Hay gobiernos locales que se han integrado a un sistema denominado Tramifácil, impulsado por la PCM, y han avanzado significativamente en la eliminación de barreras burocráticas a la formación de negocios. Igualmente, con el apoyo de la cooperación internacional, se ha logrado resultados interesantes en la simplificación de trámites para entregar licencias.

En un reciente comunicado, la Cámara de Comercio de Lima (CCL) destaca el trabajo que viene realizando la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (CEB) del Indecopi para eliminar las barreras burocráticas que colocan las municipalidades de Lima y el Callao en la emisión de licencias de funcionamiento.

En octubre pasado el Indecopi inició una fiscalización en las 49 municipalidades de Lima y Callao ante el elevado incumplimiento de la Ley que establece los requisitos para la obtención de la licencia de funcionamiento.

Conforme a la norma, los únicos requisitos que deben exigir las municipalidades para otorgar licencias de funcionamiento son: la solicitud, indicando RUC y DNI o carné de extranjería, que el poder del representante legal esté vigente (personas jurídicas), la declaración jurada de observancia de condiciones de seguridad o inspección técnica de seguridad en Defensa Civil y, según los rubros, copia del título profesional, copia de la autorización sectorial o copia de autorización del INC cuando corresponda. Una vez verificados los requisitos se paga ante el municipio la tasa por el derecho de trámite, recuerda la CCL.

Sin embargo, el gremio empresarial recuerda que los municipios venían imponiendo trabas para la formalización de las pequeñas empresas, destacando que el 51% de los municipios no cumplían con entregar formularios gratuitos, o que el 86% de las municipalidades no exhibían su Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) que consigne el trámite para obtener la licencia, o que el 39% realizaban cobros adicionales por carpetas, certificados de zonificación, compatibilidad o inspección (en locales menores a 500 m2 ), entre otros.

"En su investigación, la CEB del Indecopi detectó que los municipios exigían en total más de 30 documentos adicionales a los 4 requisitos contemplados en la ley. El trámite se volvía más engorroso para empresas de mayor tamaño, pues debían de obtener autorizaciones sectoriales de los ministerios, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) o el Instituto Nacional de Cultura (INC), entre otros", refiere la CCL.

Es importante que se redoblen los esfuerzos por lograr un mejor entorno para los negocios para así avanzar en la competitividad del país, lo cual se reflejará en los resultados del próximo Doing Business.