Sandor Lukacs, profesor de ESAN Graduate School Of Business, es acaso uno de los mayores especialistas en sostenibilidad del país. Para Lukacs, “compatibilizar la expansión minera con los compromisos de sostenibilidad en el Perú requiere redefinir el modelo extractivo hacia un enfoque sistémico, donde la eficiencia ambiental, la innovación tecnológica y la gobernanza climática sean pilares centrales”. Sandor Lukacs sostiene que la minería no puede seguir creciendo bajo esquemas lineales de alto impacto, sino que debe adoptar estándares internacionales como los aplicados en Canadá, Australia y Chile, basados en economía circular, electrificación de operaciones, recirculación de agua y trazabilidad digital.

¿Qué papel puede jugar la inteligencia artificial en la lucha contra el cambio climático en América Latina, particularmente en sectores intensivos en recursos como la minería y la energía?

La inteligencia artificial puede desempeñar un papel clave en la lucha contra el cambio climático en América Latina al optimizar el uso de recursos naturales, reducir emisiones y promover una producción más sostenible en sectores intensivos en energía como la minería y la generación eléctrica. Su aplicación permite mejorar la eficiencia operativa mediante el monitoreo en tiempo real y el mantenimiento predictivo, optimizando el transporte, el consumo de combustible y el equilibrio entre oferta y demanda energética. Asimismo, facilita la economía circular al detectar oportunidades para reutilizar residuos, reciclar materiales y optimizar el uso de agua y energía, contribuyendo a una gestión más responsable de los recursos.

Además, la IA fortalece la gobernanza ambiental y la transición energética al mejorar la fiscalización mediante monitoreo satelital y sistemas de trazabilidad de emisiones, ayudando al cumplimiento de los compromisos ESG. Su capacidad para desarrollar nuevos materiales, biocombustibles y sistemas híbridos mediante modelos generativos impulsa la innovación y acelera la adopción de energías renovables. En conjunto, estas aplicaciones posicionan a la IA como una herramienta estratégica para avanzar hacia una economía baja en carbono y fortalecer la sostenibilidad regional.

Desde su experiencia en ESAN, ¿cómo ve la preparación del Perú para integrar herramientas de IA en sus políticas ambientales y de sostenibilidad?

El Perú muestra un avance significativo y estructurado en su preparación para integrar herramientas de inteligencia artificial (IA) en sus políticas ambientales y de sostenibilidad. La existencia de la Ley N° 31814 y su reglamento, orientados al uso responsable de la IA, junto con el trabajo de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital (SGTD), evidencia una voluntad política por establecer un marco normativo sólido. A ello se suma la cooperación internacional, especialmente con Corea del Sur, que ha permitido generar estudios y proyectos conjuntos sobre IA y gobierno digital, así como una creciente producción académica nacional. En los índices internacionales, nuestro país se posiciona entre los países latinoamericanos mejor preparados séptimo en el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial 2025 y quinto en el Índice de Preparación del Gobierno para la IA 2024, lo que refleja una combinación favorable de talento humano, políticas públicas y apropiación tecnológica.

Sin embargo, la preparación del Perú no se limita al plano regulatorio o académico, sino que también se traduce en aplicaciones concretas. Ejemplo de ello es el liderazgo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), que impulsa el uso de IA en la gestión turística sostenible y competitiva mediante el Marco Nacional para la Adopción de la IA hacia un Turismo Competitivo y Sostenible. Este enfoque busca fortalecer la sostenibilidad ambiental, la innovación y la inclusión social, alineándose con la Política Nacional de Transformación Digital al 2030. Por ello, nuestro país se proyecta como un país en etapa de consolidación digital, con avances normativos, institucionales y tecnológicos que sientan bases firmes para integrar la inteligencia artificial en su agenda de sostenibilidad y cambio climático.

¿Qué riesgos éticos o regulatorios considera más urgentes al aplicar IA en temas ambientales y productivos?

El riesgo ético más urgente en el Perú y América Latina es el sesgo estructural derivado de la desigualdad regional y la falta de datos locales de calidad. Muchos modelos de IA se entrenan con información proveniente de países industrializados, lo que puede distorsionar los resultados cuando se aplican en contextos latinoamericanos. Es por ello que las decisiones automatizadas sobre minería, uso de suelo o gestión del agua podrían ignorar realidades socioambientales complejas, como la informalidad productiva o nuestra diversidad cultural indígena. Sin políticas de inclusión digital y transparencia algorítmica, la IA corre el riesgo de reproducir las mismas brechas históricas que busca resolver.

Otro riesgo clave es el vacío regulatorio y la débil gobernanza tecnológica en la región. Mientras la Unión Europea y Estados Unidos avanzan en marcos regulatorios sólidos, América Latina carece de legislación homogénea que supervise la IA en sectores de alto impacto ambiental, como energía, agricultura o minería. En el Perú, por ejemplo, aún no existen estándares nacionales para auditar algoritmos que evalúan impacto ambiental o predicen emisiones industriales. Esto deja espacio para que empresas transnacionales operen con escasa supervisión ética o transparencia, debilitando la soberanía tecnológica y ambiental de los Estados.

Existe un riesgo emergente vinculado a la falta de trazabilidad y responsabilidad en el uso de IA aplicada a la sostenibilidad. Si un modelo predictivo falla en estimar el caudal de un río o la extensión de un incendio forestal, ¿quién asume la responsabilidad? La ausencia de protocolos claros y de “control humano en el circuito” puede derivar en daños ambientales y sociales irreversibles. Por ello, nuestro país y América Latina necesitan construir marcos normativos que prioricen la transparencia algorítmica, la participación pública y la evaluación ética de los sistemas de IA, asegurando que la tecnología sirva al bienestar colectivo y no solo a la eficiencia económica.

Subproductos como el yeso, el azufre o ciertos compuestos químicos dejan de ser un pasivo ambiental y se convierten en insumos para cemento, fertilizantes o la industria química, alineándose con la lógica de que el residuo de un proceso sea insumo de otro.

¿Qué avances concretos ha visto en la adopción de estrategias de mitigación y adaptación climática por parte de empresas peruanas en los últimos años?

En los últimos años, el Perú ha mostrado avances concretos en la adopción de estrategias de mitigación y adaptación climática, impulsados por la creación de marcos institucionales y espacios de concertación entre el Estado, las empresas y la sociedad civil. Ejemplo de ello es el Consejo Regional de Cambio Climático del Cusco (CORECC) y la Estrategia Regional Frente al Cambio Climático (ERFCC), que promueven políticas y planes orientados a reducir emisiones, fortalecer la gestión ambiental y aumentar la resiliencia frente a eventos extremos. A nivel nacional, el país cuenta con 91 medidas de adaptación y 62 de mitigación bajo las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC), priorizando sectores como agua, agricultura, energía y bosques. Este marco ha incentivado la participación del sector privado, especialmente en minería, energía y agroexportación, que han comenzado a medir su huella de carbono, adoptar metas de carbono neutralidad y aplicar soluciones basadas en la naturaleza.

¿Cree que los incentivos actuales del Estado peruano son suficientes para acelerar la transición hacia una economía baja en carbono?

A pesar de los avances normativos e institucionales como el desarrollo del Registro Nacional de Medidas de Mitigación (Renami), la actualización de la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC 3.0) y la creación de un mercado de carbono transparente, los incentivos actuales del Estado peruano aún no son suficientes para acelerar una transición integral hacia una economía baja en carbono. Si bien estos mecanismos promueven la participación del sector privado y canalizan inversiones hacia proyectos de reducción de emisiones, su alcance sigue siendo limitado y concentrado en grandes empresas o sectores formales. Las pequeñas y medianas empresas, que constituyen la mayor parte del aparato productivo nacional, carecen de acceso a financiamiento verde, asistencia técnica y estímulos fiscales que faciliten su participación efectiva en esta transición.

El marco de incentivos actual se enfoca más en la compensación de emisiones que en la transformación estructural de los sistemas productivos. El mercado de carbono representa un avance importante, pero no sustituye la necesidad de políticas más amplias que fomenten la innovación verde, la eficiencia energética y la digitalización de procesos industriales. A ello se suma la falta de coordinación entre los instrumentos financieros, las políticas tecnológicas y los marcos regionales de adaptación al cambio climático, lo cual limita la escalabilidad de los proyectos sostenibles.

¿Cómo pueden las universidades y escuelas de negocios, como ESAN, contribuir a formar líderes empresariales capaces de gestionar el cambio climático desde la innovación y la sostenibilidad?

Universidades como ESAN pueden desempeñar un papel decisivo en la formación de líderes climáticamente competentes adoptando un modelo educativo sistémico, similar al promovido por la European School of Economics. Esto implica integrar la sostenibilidad no como una asignatura aislada, sino como un eje transversal de todas las áreas de estudio gestión, finanzas, marketing, operaciones y tecnología. ESAN podría fortalecer su rol regional desarrollando programas de innovación verde, incubadoras de startups sostenibles y laboratorios vivos que vinculen a estudiantes con empresas y gobiernos en proyectos de transición energética, economía circular y digitalización responsable.

Además, ESAN puede impulsar la creación de un Centro de Innovación y Sostenibilidad Empresarial, que funcione como un nodo de investigación aplicada y formación ejecutiva, donde se combinen métricas ESG, pensamiento sistémico y herramientas digitales (como IA o gemelos digitales ambientales) para diseñar soluciones escalables. Al incorporar metodologías interdisciplinarias, certificaciones internacionales y alianzas con actores del sector privado, ESAN puede formar una nueva generación de líderes empresariales con visión estratégica, sensibilidad ambiental y capacidad de medir el impacto real de sus decisiones. De este modo, la escuela no solo formaría profesionales adaptados al cambio climático, sino agentes capaces de impulsar la transformación sostenible del país y de América Latina.

En un país minero como el Perú, ¿cómo se puede compatibilizar la expansión del sector con los compromisos de sostenibilidad y reducción de huella ambiental?

Compatibilizar la expansión minera con los compromisos de sostenibilidad en el Perú requiere redefinir el modelo extractivo hacia un enfoque sistémico, donde la eficiencia ambiental, la innovación tecnológica y la gobernanza climática sean pilares centrales. La minería no puede seguir creciendo bajo esquemas lineales de alto impacto, sino que debe adoptar estándares internacionales como los aplicados en Canadá, Australia y Chile, basados en economía circular, electrificación de operaciones, recirculación de agua y trazabilidad digital. Incorporar prácticas como el apilamiento en seco de relaves, la rehabilitación progresiva de suelos y la integración de energías renovables puede reducir de manera significativa la huella hídrica y de carbono, al tiempo que mejora la productividad y la licencia social para operar.

A nivel estratégico, el Estado peruano debe fortalecer su rol como facilitador de innovación verde y regulador de impacto real, no solo como fiscalizador. Los incentivos actuales como el mercado de carbono y las metas de la NDC 3.0 constituyen avances, pero aún son insuficientes para escalar proyectos sostenibles y atraer inversión limpia. Es necesario crear mecanismos financieros y fiscales específicos que promuevan la adopción de tecnologías de baja emisión, certificaciones ESG y sistemas de monitoreo digital basados en inteligencia artificial o teledetección. Del mismo modo, los marcos normativos deben promover la participación de las comunidades y gobiernos locales en la planificación y beneficios de los proyectos, garantizando transparencia y legitimidad social.

Es importante compatibilizar minería y sostenibilidad en el Perú implica un cambio cultural y educativo. Universidades y escuelas de negocios como ESAN pueden formar líderes con visión sistémica, capaces de integrar sostenibilidad, innovación y ética en la gestión minera. La cooperación entre academia, empresa y Estado debe orientarse a crear hubs de investigación aplicada, incubadoras de tecnologías limpias y programas de formación en minería regenerativa. Solo así el país podrá consolidar un modelo de crecimiento minero competitivo y ambientalmente responsable, donde el desarrollo económico no se mida únicamente en toneladas extraídas, sino en bienestar social, resiliencia territorial y contribución efectiva a la descarbonización global.

¿Qué experiencias internacionales de minería sostenible podrían servir de modelo para el contexto peruano y andino?

El caso de Canadá representa un referente clave para el Perú y la región andina. Sus minas de oro y cobre aplican técnicas de rehabilitación progresiva, donde la restauración ambiental ocurre simultáneamente a la extracción, reduciendo en más del 50% el área degradada al cierre. Asimismo, la adopción de energías renovables y de maquinaria eléctrica ha permitido disminuir hasta un 80% las emisiones de gases de efecto invernadero. La gobernanza minera canadiense se distingue por su transparencia, la trazabilidad de minerales mediante plataformas digitales y el involucramiento formal de comunidades indígenas en la planificación y supervisión de proyectos, asegurando legitimidad y sostenibilidad social.

Por otro lado, Chile y Australia destacan por la gestión eficiente del agua, un aspecto crítico para la minería andina. En ambos países, los sistemas de recirculación cerrada y tratamiento avanzado permiten reciclar hasta el 90% del agua utilizada en faenas, protegiendo ecosistemas frágiles y reduciendo conflictos por recursos hídricos. Además, la reutilización de relaves en materiales de construcción o para reforestación de suelos degradados ilustra el potencial de la economía circular aplicada a la minería. Estas experiencias ofrecen al Perú una hoja de ruta para modernizar su infraestructura minera, sobre todo en regiones con estrés hídrico.

El enfoque de minería responsable y digital aplicado en Sudáfrica y Finlandia aporta lecciones sobre innovación tecnológica y trazabilidad ética. El uso de blockchain y monitoreo satelital ha fortalecido la transparencia de las cadenas de suministro, garantizando que los minerales provengan de fuentes verificadas y sostenibles. Integrar estas herramientas al contexto peruano combinadas con una mayor inversión en capacitación local y alianzas universidad-empresa permitiría consolidar un modelo minero más competitivo y aceptado socialmente, alineado con los objetivos de desarrollo sostenible y con el respeto a las comunidades altoandinas.

¿Qué papel juegan la digitalización y la automatización (IA, IoT, big data) en la reducción de impactos ambientales de la minería?

La digitalización y la automatización a través de IA, IoT y big data actúan como palancas clave para reducir el impacto ambiental de la minería al hacer los procesos mucho más eficientes y controlables. Al digitalizar operaciones, las mineras pueden monitorear en tiempo real el uso de recursos (agua, energía, insumos), detectar ineficiencias y ajustar la operación casi de inmediato. Los sistemas de análisis predictivo permiten anticipar fallas de equipos y planificar mejor el mantenimiento, lo que evita paradas imprevistas, reduce el consumo innecesario de combustible y minimiza riesgos ambientales asociados a incidentes operativos. En paralelo, las plataformas de gestión energética avanzadas optimizan el consumo eléctrico, contribuyendo directamente a la reducción de la huella de carbono de las faenas.

En la práctica, esto se traduce en tecnologías concretas ya desplegadas en la región. En Chile, la minería 4.0 usa IA, simuladores, sensores, drones y modelamiento 3D para hacer la exploración más precisa y segura, reduciendo la intervención innecesaria del terreno y mejorando la planificación del uso del espacio y los recursos. Minsait, por ejemplo, implementa soluciones de gestión energética que disminuyen el consumo de electricidad y emisiones, mientras que el uso de IoT y videovigilancia permite un monitoreo continuo de equipos críticos y condiciones geotécnicas, reduciendo el riesgo de accidentes ambientales. En el Perú, la lógica es similar en el frente energético: los smart grids con IA e IoT permiten integrar mejor las energías renovables, estabilizar el sistema y usar la energía de forma más eficiente, algo fundamental para un sector tan intensivo en consumo eléctrico como la minería.

A pesar de los avances normativos e institucionales como el desarrollo del Registro Nacional de Medidas de Mitigación (Renami), la actualización de la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC 3.0) y la creación de un mercado de carbono transparente, los incentivos actuales del Estado peruano aún no son suficientes para acelerar una transición integral hacia una economía baja en carbono.

Además, la automatización y los datos masivos están transformando directamente la tecnología de los equipos mineros. Soluciones como el sistema Dynamic Energy Transfer (Cat DET) para camiones diésel-eléctricos y eléctricos, las palas eléctricas de última generación y los cargadores diésel-eléctricos que reducen más de 30% el consumo de combustible por tonelada, muestran cómo la digitalización se alinea con la descarbonización. Centros de monitoreo que procesan miles de millones de datos diarios y gemelos digitales como MineLink permiten simular escenarios, optimizar rutas de acarreo, reducir tiempos de espera e, implícitamente, disminuir combustibles, emisiones y desgaste de equipos. La IA, IoT y big data no solo hacen la minería más productiva y segura, sino que la empujan hacia un modelo más eficiente en energía y recursos, con menor huella ambiental por tonelada producida.

¿Cómo puede la economía circular aplicarse en el sector extractivo más allá del reciclaje —por ejemplo, en la gestión de relaves, el agua o los subproductos?

La economía circular en el sector extractivo implica ver los relaves, escombros y subproductos no como desechos finales, sino como nuevos depósitos de recursos. Más allá del reciclaje clásico, esto se traduce en re-procesar relaves y escorias mediante lixiviación avanzada e hidrometalurgia para recuperar minerales secundarios (cobre remanente, metales críticos, elementos de valor), reduciendo la necesidad de abrir nuevos tajos o minas. Este enfoque “re-minero” disminuye el volumen de depósitos que requieren manejo especial, acota riesgos de filtraciones y fallas de depósitos de relaves, y a la vez genera flujos de ingresos adicionales. Subproductos como el yeso, el azufre o ciertos compuestos químicos dejan de ser un pasivo ambiental y se convierten en insumos para cemento, fertilizantes o la industria química, alineándose con la lógica de que el residuo de un proceso sea insumo de otro.

En el caso del agua, la economía circular se aplica mediante circuitos cerrados y reutilización intensiva, especialmente en zonas áridas. Tecnologías de espesamiento, recirculación y tratamiento permiten reducir el uso de agua fresca en hasta un 4050%, como se ha visto en operaciones de cobre en Atacama y experiencias en nuestro país y Australia. Esto no solo preserva un recurso crítico y reduce conflictos socioambientales, sino que también recorta costos operativos asociados al abastecimiento y tratamiento. Si se integra además la gestión circular del agua con sistemas energéticos inteligentes por ejemplo, usando IA, IoT y smart grids para optimizar el bombeo, el uso de energías renovables y el almacenamiento la mina puede cerrar bucles de agua y energía a la vez, bajando su huella hídrica y de carbono de forma coordinada.

La economía circular en minería se extiende a la valorización de materiales y el rediseño del modelo de negocio. Los estériles y escombros pueden emplearse como material de construcción para caminos internos, relleno de labores subterráneas o incluso como insumo para la industria del cemento, disminuyendo la extracción de áridos vírgenes. A escala territorial, esto abre la puerta a esquemas de simbiosis industrial: lo que la mina descarta se convierte en materia prima para otros sectores. Para que esto funcione, se necesitan marcos regulatorios (REP, normas de uso de subproductos, incentivos fiscales), trazabilidad y monitoreo digital (sensores, gemelos digitales, big data) que garanticen seguridad y control de riesgos. Bien implementada, la economía circular en el sector extractivo reduce residuos, mejora la rentabilidad y fortalece la licencia social para operar, contribuyendo a los ODS 12 y 13 y generando empleos verdes en tecnologías de tratamiento, monitoreo y gestión de subproductos.

¿Percibe una coordinación suficiente entre el sector público, privado y académico en el Perú para impulsar una agenda de sostenibilidad tecnológica?

A mi parecer sí existe una coordinación creciente y visible entre sector público, privado y academia en Perú alrededor de la sostenibilidad y la tecnología, pero que todavía es parcial. Espacios como la Cumbre Perú Sostenible 2025, la Semana de la Industria de la SNI y CADE Escolar reúnen a empresas, ministerios, organismos multilaterales, ONG y universidades para hablar de ODS, economía circular, innovación industrial e incluso democracia y ciudadanía. A esto se suman iniciativas técnicas concretas: la Hoja de Ruta de Economía Circular para la manufactura y el comercio, impulsada por MINAM y PRODUCE; los paneles de finanzas sostenibles con bancos y cajas; y programas de formación en IA y habilidades digitales apoyados por actores como Google.org y universidades (UTEC, posgrados en energía, etc.). Es decir, hay una masa crítica de actores intentando empujar una agenda de sostenibilidad tecnológica.

Sin embargo, cuando uno mira el conjunto de la información, es difícil afirmar que esa coordinación sea suficiente para consolidar una agenda nacional robusta. El análisis sobre la implementación de los ODS en el Perú, especialmente del ODS 4, muestra problemas estructurales: fragmentación institucional, alta rotación de funcionarios, centralismo, dificultades para articular sectores y niveles de gobierno, y brechas fuertes entre discurso y ejecución, sobre todo en territorios rurales y vulnerables. Algo similar se observa en IA y economía circular: hay hojas de ruta, foros y pilotos, pero también subinversión, brechas de talento, dependencia de cooperación internacional y “islas de excelencia” alrededor de grandes empresas y Lima, más que una política sistémica y sostenida que conecte educación, innovación, productividad y sostenibilidad ambiental.

Por eso, con la evidencia disponible, lo más honesto es decir que el Perú está en una fase intermedia: ha avanzado en crear espacios de diálogo multiactor y casos ejemplares de colaboración público–privada–académica, pero aún no convierte eso en un entramado estable de gobernanza para una agenda de sostenibilidad tecnológica de largo plazo. Para que la coordinación sea realmente suficiente, haría falta: mayor estabilidad política, políticas públicas menos dependientes del ciclo gubernamental, una integración más fuerte entre agenda digital (IA, IoT, minería 4.0, smart grids) y economía circular, y mecanismos permanentes de monitoreo, financiamiento y educación alineados con los ODS en todo el territorio. Hoy hay señales prometedoras y buenas prácticas, pero siguen siendo más “vitrinas” y nodos puntuales que un sistema coordinado y coherente a escala país.

¿Qué desafíos enfrenta el país para financiar proyectos de innovación verde y digital que sean escalables y sostenibles en el tiempo?

El principal desafío del Perú para financiar proyectos de innovación verde y digital radica en la brecha estructural de financiamiento sostenible. Aunque el país ha logrado avances con iniciativas como el Fondo Bosques Tropicales para Siempre y su participación en mercados de carbono, el acceso al capital verde sigue siendo limitado y concentrado en fondos internacionales. Las pymes, que representan la mayoría del tejido productivo, enfrentan grandes dificultades para acceder a créditos sostenibles debido a la falta de garantías, incentivos fiscales y acompañamiento técnico para estructurar proyectos ambientalmente viables.

A esto se suma una débil articulación entre las políticas climáticas, de innovación y el sistema financiero nacional. Si bien existen marcos regulatorios y estrategias regionales frente al cambio climático, estas no están conectadas con los mecanismos de financiamiento ni con las instituciones que promueven ciencia y tecnología. La falta de coordinación intersectorial impide el desarrollo de fondos mixtos, bonos verdes o ecosistemas de inversión que integren la innovación digital con la sostenibilidad ambiental. Además, la infraestructura tecnológica en regiones andinas y amazónicas es insuficiente, lo que dificulta escalar proyectos que dependen de datos ambientales, inteligencia artificial o monitoreo digital.

Muchos proyectos verdes en el país dependen de la cooperación internacional y carecen de sostenibilidad financiera a largo plazo. Sin un mercado verde nacional sólido basado en bonos climáticos, incentivos tributarios o certificaciones sostenibles, los esfuerzos quedan sujetos a financiamiento temporal y disperso. Superar estos retos exige una estrategia nacional que combine innovación tecnológica, financiamiento verde y fortalecimiento institucional, con el fin de garantizar la escalabilidad y sostenibilidad de las iniciativas que impulsen la transformación digital y ambiental del país hacia 2030.

¿Cómo evalúa el nivel de conciencia y madurez de las empresas peruanas respecto al valor estratégico de la sostenibilidad y la economía circular?

El nivel de conciencia y madurez de las empresas peruanas respecto al valor estratégico de la sostenibilidad y la economía circular muestra un avance significativo, aunque heterogéneo. Por un lado, las grandes corporaciones especialmente de los sectores agroindustrial, financiero, manufacturero y telecomunicaciones han incorporado estándares globales como ISO 14001, B Corp o Carbon Trust, entendiendo que la sostenibilidad genera ahorros, mejora su reputación y es clave para acceder a mercados internacionales cada vez más exigentes. Iniciativas como las “Empresas que Transforman” de IPAE evidencian que un grupo creciente de organizaciones ya integra el valor compartido en su modelo de negocio, convirtiendo desafíos sociales y ambientales en ventajas competitivas. Asimismo, la presión regulatoria como la Ley REP obliga a las compañías a gestionar el ciclo de vida de sus productos, lo que acelera la transición hacia modelos circulares.

Sin embargo, esta madurez no es uniforme. Aunque existe un ecosistema empresarial que innova mediante circularidad, telemedicina inclusiva, trazabilidad forestal o programas de reciclaje masivo, muchas empresas especialmente MIPYMES aún ven la sostenibilidad como un costo y no como una inversión estratégica. Persisten brechas de conocimiento, limitada capacidad de inversión y falta de incentivos claros para adoptar tecnologías limpias o certificaciones ambientales. Además, la informalidad en la gestión de residuos y la débil infraestructura pública dificultan la implementación de iniciativas circulares. Aun así, la evidencia muestra que estas empresas están siendo arrastradas hacia la transformación por exigencias de sus clientes corporativos, por cadenas de suministro globales que demandan prácticas ESG y por el surgimiento de financiamiento verde que facilita mejoras operativas.

El panorama revela una transición en curso: el sector privado peruano avanza hacia una comprensión más profunda de la sostenibilidad como eje de innovación, resiliencia y competitividad. Las empresas líderes ya operan con un enfoque integral que combina circularidad, eficiencia energética, inclusión social y trazabilidad, mientras que las pymes comienzan a integrarse mediante programas de acompañamiento, homologación sostenible y acceso a créditos verdes. Aunque aún existen desafíos estructurales, el país muestra un creciente nivel de madurez que podría convertir a nuestro país en un referente regional, especialmente si se acelera la articulación entre Estado, empresas tractoras y proveedores para cerrar brechas y ampliar el impacto de la economía circular en su tejido productivo.

¿Qué tendencias regionales en América Latina considera más prometedoras en la intersección entre IA, sostenibilidad y desarrollo económico?

Una de las tendencias más prometedoras en la intersección entre IA, sostenibilidad y desarrollo económico en América Latina es la aceleración en la adopción de soluciones de IA generativa y de bajo requerimiento técnico, especialmente por parte de MIPYMES. Aunque esta adopción es aún predominantemente de consumo final, su masividad con la región representando el 14% del tráfico global a soluciones de IA está permitiendo que pequeños negocios accedan a herramientas que antes eran exclusivas de grandes corporaciones. Esto democratiza la productividad, reduce costos operativos y abre la puerta a procesos más limpios, eficientes y sostenibles. Cuando se combina con iniciativas de capacitación como las impulsadas por Google.org en países como Perú, se genera una base social y empresarial que puede adoptar tecnologías verdes, gestionar mejor los recursos y participar de manera más competitiva en mercados internacionales cada vez más exigentes en criterios ESG.

El caso de Canadá representa un referente clave para el Perú y la región andina. Sus minas de oro y cobre aplican técnicas de rehabilitación progresiva, donde la restauración ambiental ocurre simultáneamente a la extracción, reduciendo en más del 50% el área degradada al cierre.

De igual manera, destaca una creciente convergencia entre economía circular, trazabilidad digital y automatización basada en IA. Países y empresas están integrando IA en procesos como gestión de residuos, optimización energética, seguimiento de cadenas de suministro y monitoreo ambiental. Esto es evidente en modelos circulares de agroindustria, manufactura y minería, que ya utilizan sensores, datos y algoritmos para reducir huella de carbono, aprovechar insumos, disminuir residuos y mejorar eficiencia logística. La ampliación de la Responsabilidad Extendida del Productor (REP) y la Hoja de Ruta de Economía Circular en Perú que busca generar más de 300,000 empleos sostenibles al 2030 refuerza esta tendencia, creando un círculo virtuoso entre tecnología, sostenibilidad e innovación empresarial.

Se observa una tendencia emergente pero estratégica: el desarrollo de marcos nacionales de IA orientados al crecimiento sostenible, especialmente en países pioneros como Chile, Brasil y Uruguay. Aunque aún con desafíos en financiamiento y gobernanza, estas políticas están comenzando a integrar objetivos de productividad, inclusión social y transición verde. El énfasis de la CEPAL en alinear digitalización con políticas de desarrollo productivo abre la posibilidad de que la región utilice IA para resolver “trampas estructurales” como baja industrialización, informalidad o vulnerabilidad ambiental. Si se fortalecen la infraestructura de datos, el talento especializado y la cooperación regional, América Latina podría posicionarse no solo como consumidora de IA, sino como creadora de soluciones locales que impulsen un modelo económico más resiliente, circular e inclusivo.

¿Si tuviera que proyectar al 2030, ¿qué papel debería ocupar el Perú en el mapa regional de innovación sostenible y transformación digital verde?

Hacia 2030, el Perú debería consolidarse como referente regional en innovación sostenible y transformación digital verde, articulando su liderazgo ambiental con una economía basada en la ciencia, la tecnología y el conocimiento local. Los avances logrados como la implementación del 40% de las medidas de mitigación y adaptación climática, la creación del Fondo Bosques Tropicales para Siempre y la consolidación de un mercado de carbono de alta integridad demuestran una capacidad institucional creciente para vincular políticas públicas, inversión privada y cooperación internacional. Este enfoque permitiría que el país se posicione como hub andino-amazónico de innovación climática, promoviendo energías limpias, agricultura regenerativa, monitoreo ambiental digitalizado y soluciones basadas en la naturaleza, con énfasis en la inclusión de comunidades locales y pueblos indígenas.

No obstante, para ocupar un papel estratégico en el mapa latinoamericano de la transformación digital verde, nuestro país deberá acelerar la integración tecnológica en su gestión ambiental y productiva. Esto implica fortalecer la digitalización del monitoreo climático (sensores, IA, big data), impulsar ecosistemas de startups verdes y garantizar financiamiento verde accesible a empresas medianas y pequeñas. Asimismo, la educación ambiental y la formación de capital humano digital serán esenciales para sostener la transición. Si logra alinear su política climática con una estrategia nacional de innovación y transformación digital sostenible, el Perú podría emerger hacia 2030 como uno de los líderes regionales en desarrollo bajo en carbono, resiliencia y tecnología ambiental, aportando un modelo replicable para América Latina.

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