Presión tributaria en el Perú: el elefante que está en nuestra habitación
Presión tributaria en el Perú: el elefante que está en nuestra habitación
La presión tributaria del Perú se mantiene por debajo del promedio de América Latina y de los países de la OECD, mientras la evasión continúa representando un desafío para las finanzas públicas. En este contexto, la minería ilegal y el crecimiento de sus exportaciones plantean interrogantes sobre la capacidad de las autoridades para fiscalizar actividades que generan importantes flujos económicos fuera del alcance efectivo del sistema tributario. Enrique Díaz Tong, profesor de ESAN Graduate School of Business, analiza por qué el debate tributario debería prestar mayor atención a esta realidad y a la información que ya está disponible para las autoridades.
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Recientemente, la OECD publicó su informe sobre las políticas tributarias del Perú, en el que resalta que entre 1994 y 2024 la presión tributaria en nuestro país fluctuó entre el 15 % y el 19 %. Estos datos van en la misma línea de lo que mencioné en Madrid, en la sustentación de mi tesis de Ph.D. en Derecho, Gobierno y Políticas Públicas en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, en abril del presente año, en el sentido de que, con datos al 2023, la presión tributaria de nuestro país era de 17.90 % versus una mediana en la región de 21.20 % y de 34.65 % en los países miembros de la OECD.
Al respecto, hay quienes señalan la necesidad de revisar las exoneraciones tributarias vigentes. Sobre el tema, cabe traer a colación lo dicho por el ministro de Economía, Elmer Cuba, quien ha sostenido que estas no llegan a representar el 2 % del PBI, mientras que la evasión tributaria representa el 9.7 %, frente al promedio de Latinoamérica de 6.7 %
La evidencia ignorada
Frente a ello, cabe preguntarse por qué no se ve lo evidente que está ante los ojos de todos: la fiscalización de la tributación de la minería ilegal. Me refiero a la minería que destruye nuestro medio ambiente y fomenta la corrupción y múltiples delitos. Según el Instituto Peruano de Economía, para 2025 las exportaciones de la minería ilegal habrían alcanzado en nuestro país la cifra de US$ 12,000 millones, un 60 % más que en 2024.
Por otro lado, el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú señala que las exportaciones de oro del Perú en 2025 fueron de 209 TMF, mientras que la producción de oro en el mismo año fue de 110 TMF, lo cual coincide con el crecimiento de la minería ilegal [3]. Así, el oro ilegal se exporta a través de empresas, a lo que habría que añadir que su destino suele ser los paraísos fiscales, donde se pagan pocos o nulos impuestos.
Fiscalización y precios de transferencia
Al respecto, estas exportaciones están sujetas en el Perú a las reglas de precios de transferencia, a fin de verificar que dichos bienes se vendan a valor de mercado. Ahora bien, ¿sabe usted, señor lector, que desde hace 7 años toda exportación de oro y de commodities en general debe ser informada a la SUNAT por correo electrónico, a fin de acreditar que se realiza a valor de mercado?
La pregunta es: ¿qué hacen la SUNAT y las autoridades correspondientes con esta información? Al respecto, creo que a todos se nos vienen a la mente las imágenes que circulan en redes sociales en las que el ministro de Salud verifica que se están haciendo copias de seguridad de archivos y que se guardan en CD… que ya nadie utiliza.
Que cada uno saque sus propias conclusiones sobre cuál es el elefante en la habitación que está a la vista de todo el Perú: ¿la urgencia de combatir lo evidente o la comodidad de seguir mirando hacia otro lado?
Lee la nota original aquí.