Un fallo del Tribunal Constitucional (TC) podría impactar definitivamente a la fiscalización ambiental en el Perú. Esta autoridad máxima tiene el deber de resolver una acción de amparo, la cual fue presentada por las empresas del sector minero Perubar y Cerro Verde, con el objetivo de eliminar el Aporte por Regulación. Se trata de un tributo que genera más del 70 % del presupuesto total de la OEFA (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental).

Ambas compañías se encuentran entre las más importantes del país, aportando grandes cifras a la inversión nacional. El Aporte por Regulación que buscan eliminar fue creado en el 2014 y obliga a las empresas extractivas a brindar cierto porcentaje de sus ganancias (que no supere el 1 %) a la financiación del trabajo fiscalizador del Gobierno. Esta labor tiene como principal beneficiario a la OEFA del Ministerio del Ambiente.

El punto de vista de ambas mineras lo comparten otras compañías en el sector. La demanda considera inconstitucional e ilegal esta medida de tributo incluso desde su implementación. Una de las más importantes razones se debe a que, en la práctica, las mineras estarían superando el 1 % en los pagos. Indican que tanto la OEFA como la Osinergmin reciben un aporte, por lo que se duplican los pagos.

Es por ello que el Tribunal Constitucional tiene una responsabilidad muy grande en su decisión. Con más del 70 % del presupuesto perdido en caso se declare favorable la demanda, la OEFA perdería peso en su labor para regular las actividades ambientales.

La respuesta de la OEFA

Ante esta situación, la institución estatal también ha presentado algunos alcances preventivos. Tessy Torres, presidenta de la OEFA, ha indicado que, en caso el TC fallara en su contra, no solo tendría que devolver más de 690 millones de soles en aportes por regulación. Además, ya no podrían implementar actividades de fiscalización adecuadas. "Privarnos del aporte implicaría reducir el 74 % del presupuesto de la OEFA, disminuir su capacidad de fiscalizar y no poder controlar el riesgo o daño ambiental que se está generando", señaló. Torres añadió que, en caso el fallo sea negativo, tendrían también que dejar de implementar 270 compromisos de supervisión en el sector que ya se habían planificado para este 2019.

En el Perú, un país en donde los esfuerzos por garantizar la sostenibilidad y evitar los conflictos entre comunidades y empresas crecen año tras año, la debilitación de la OEFA podría causar efectos perjudiciales. Es un tema de vital importancia tanto para el sector estatal como privado. Se debate una decisión que impactaría significativamente en la implementación de futuras normas, mecanismos de protección ambiental y responsabilidades de las compañías mineras.

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Fuentes:

Gestión. "Gremio minero: OEFA buscar influenciar al TC en próximo fallo sobre aportes por regulación".

OjoPúblico. "Futuro de la fiscalización ambiental en manos del Tribunal Constitucional".

Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. "Fallo del TC a favor de mineras tendría "grave impacto" sobre la fiscalización ambiental advierte la Defensoría del Pueblo".

Semana Económica. "Oefa tendría que devolver S/696 millones a mineras ante posible fallo de TC".