En medio de una economía global marcada por la incertidumbre, América Latina y el Caribe (ALC) registraron en 2024 uno de los avances más significativos de las últimas dos décadas en la reducción de la pobreza. Sin embargo, el impulso empieza a moderarse y las brechas estructurales —entre ellas la baja productividad, la informalidad persistente y una desigualdad que continúa entre las más elevadas del planeta— amenazan con contener el progreso social logrado desde la pandemia.

El nuevo informe “Tendencias recientes de pobreza y desigualdad en América Latina y el Caribe 2025”, elaborado por la Práctica Global de Pobreza y Equidad del Banco Mundial, revela que la pobreza regional retrocedió hasta 25,5% en 2024, el nivel más bajo de todo el siglo XXI. Y aunque se proyecta una ligera mejora adicional para 2025, cuando la tasa llegaría a 25,2%, el propio organismo advierte que la región se está moviendo más lentamente que otras economías de ingreso medio-alto. En el caso del Perú, el Banco Mundial subraya que, pese al avance regional, la recuperación es más lenta

Pobreza persistente

Los paneles de datos analizados confirman que la pobreza en ALC es altamente persistente.

• En Brasil, 76% de los hogares pobres permanece pobre tras un año.
• En República Dominicana, el porcentaje es de 57%.
• En El Salvador y Perú, cerca del 83% de los hogares no pobres logra mantenerse fuera de la pobreza.

Para el profesor de ESAN y socio del Estudio Muñiz, César Puntriano, este dato muestra que, a pesar de los avances, la vulnerabilidad limita la movilidad social real y empleos de mejor calidad.

Cuadros coincide y agrega que la vulnerabilidad peruana refleja que “no se han resuelto los factores estructurales que permiten salir permanentemente de la pobreza”. Menciona como claves la educación pública de calidad, salud adecuada, seguridad ciudadana y transporte eficiente.

Movilidad laboral y creación de empleo

El informe reconstruye miles de trayectorias laborales y llega a una conclusión contundente: trabajar —y trabajar mejor— importa más que cualquier otro factor.

• Cuando un jefe de hogar obtiene empleo, la probabilidad de salir de la pobreza aumenta 26,5 puntos porcentuales.
• Si además mejora de ocupación —ascendiendo a un puesto de mayor calificación—, la probabilidad sube otros 8,9 puntos.
• Por el contrario, perder el empleo incrementa en 15,7 puntos la probabilidad de caer en pobreza.

Cuadros subraya que, pese a ello, la mayoría de cambios laborales ocurre entre trabajos informales o de baja calificación, lo que limita mejoras reales.

Asimismo, Puntriano advierte que las cifras regionales deben analizarse con cautela cuando se trata del Perú, puesto que si bien se redujo su pobreza a 27,6% en 2024 —según el INEI—, recuerda que el país aún está lejos del nivel prepandemia de 2019, que era de 20,2%. 

“Estamos casi 7 puntos arriba de ese año de referencia”, remarca y detalla la trayectoria reciente: 30,1% en 2020, 25,9% en 2021, 27,5% en 2022, 29% en 2023 y 27,6% en 2024.

En esa línea recuerda que la caída sostenida de la pobreza durante los años 2000 y 2010 se debió al fuerte crecimiento del PBI, en torno al 6% anual.

“Para que haya más empleo y más igualdad, tiene que haber crecimiento, y el crecimiento viene de la inversión privada”, afirma. “Y la inversión privada requiere seguridad jurídica”.

En ese sentido, Puntriano explica que la incertidumbre sobre la tercerización es un ejemplo claro de la inestabilidad regulatoria.

“Las empresas están esperando un fallo de la Corte Suprema sobre la validez del decreto supremo restrictivo que dejó el expresidente Castillo”, señala.

Critica duramente que el Ministerio de Trabajo no haya derogado la norma a pesar de que el propio Ejecutivo se había dado un plazo para hacerlo. “Se derogó solo la norma sobre la asistenta social, pero no la referida a la tercerización. Eso no fomenta por ningún lado la inversión”, advierte.

Si la Corte Suprema avala la norma, podrían reactivarse fiscalizaciones, juicios y nuevos costos para las contratistas.

Cabe mencionar que la inseguridad ciudadana desincentiva la inversión y afecta directamente la creación de empleo. Además, la informalidad juvenil —que alcanzó 20,4% en 2024— requiere una respuesta estatal más activa.

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