El ordenamiento territorial es un proceso político, técnico y administrativo que involucra la toma de decisiones concertadas, dirigidas a promover el desarrollo económico, social y ambiental equilibrado en un determinado territorio. Está íntimamente relacionado con las potencialidades y limitaciones en las que se desarrollan las actividades humanas, considerando los elementos del medio natural y su contexto social. Este proceso es necesario para el desarrollo territorial y para favorecer la sostenibilidad de intervenciones en favor de la calidad de vida de las personas y el aprovechamiento de los recursos naturales con enfoque de sostenibilidad.

Pese a su importancia, el Perú no cuenta con un sistema nacional de ordenamiento territorial ni con un único ente rector que atienda problemas críticos como conflictos por la tierra, inequidades en el acceso a la tierra, urbanización descontrolada y con precariedades, falta de coordinación entre niveles de gobierno, débil aplicación de normativas, falta de competitividad, exclusión, marginalidad, alta vulnerabilidad física, y una alta presión sobre los recursos naturales y sus correspondientes conflictos socioambientales. A pesar de que en las últimas dos décadas algunos departamentos y provincias han venido desarrollando estudios territoriales que les han permitido contar con la zonificación económica ecológica (ZEE), proceso liderado por el Ministerio del Ambiente (Minam), estos sistemas de información territorial aún no son vinculantes ni sustento del proceso de ordenamiento territorial. Como país, no existe una visión articulada sobre la gestión territorial que incluya los siguientes procesos claves: demarcación territorial y descentralización, acondicionamiento territorial, desarrollo urbano, desarrollo rural, zonificación efectiva, concesiones, catastro y tenencia del suelo.

Según el INEI, el 31% de la población urbana vive en asentamientos humanos informales y precarios, con falta de regularización legal y también de servicios básicos. En departamentos como Amazonas, Madre de Dios y Ucayali, al menos el 15% de la población no tiene acceso a fuentes de agua para el consumo humano que sean seguras. Además, 1.585 zonas están degradadas por residuos sólidos a nivel nacional, lo que equivale a 1.977 hectáreas que requieren ser recuperadas. A pesar de que un grupo de estas zonas aplicaría a la reconversión a rellenos sanitarios, el daño está presente y va en aumento. Ante ello surge la pregunta: ¿cómo frenamos este escenario?

Urge proponer un nuevo marco regulatorio, normativo y penal en materia de gestión y ordenamiento territorial, así como en manejo del uso del suelo y que esté articulado a la inversión pública, pero también vinculado a un sistema de fiscalización y control, que corrija un conjunto de irregularidades, disparidades, ineficacias y ausencias del Estado en la gestión pública local y regional. Asimismo, se requiere fortalecer capacidades institucionales, tanto de un sistema político como técnico, para dar viabilidad a un mejor aprovechamiento de los recursos naturales, frenar la degradación progresiva del medio natural y hacer posible una mayor atracción y despegue de la inversión para conectar mejor el campo y la ciudad, y reducir el conjunto de inequidades y vulnerabilidades que se agudizan con la ocurrencia de fenómenos naturales que afectan la vida, el patrimonio de las familias y la infraestructura del Estado.

Finalmente, es preciso reconocer un círculo vicioso de reproducción de la acumulación de daños y de exposición ante amenazas que provocan desastres. Se tiene que activar un ecosistema institucional con participación del Ejecutivo, gobiernos regionales y locales, el Poder Judicial, el Congreso de la República, el sector privado y la propia ciudadanía.

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