El modelo peruano de obras por impuestos (OxI) --mecanismo que permite a las empresas ejecutar obras y recibir un certificado para descontar parte de su Impuesto a la Renta (IR)-- ha empezado a paralizarse. Si bien se ha conseguido comprometer inversiones por S/4,577 millones desde la creación del mecanismo en 2008, el monto adjudicado cayó 45% en el 2018 y es probable que este año no lleguemos al 60% de la meta fijada por ProInversión (S/ 700 millones). Detrás de las cifras se esconden ineficiencias en el aparato estatal que alejan al sector privado.

Los inversionistas que apuestan por las OxI están retirándose no solo por los retrasos en la emisión de los certificados de inversión a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), sino también porque la ejecución de los proyectos demora más de lo estimado en las bases. Así, las inversiones realizadas se terminen acreditando después de lo planificado y se generen gastos indirectos no reconocidos.

Las principales constructoras también están perdiendo el interés en OxI por las reducidas cifras de inversión reconocidas por el gobierno. Muchos funcionarios del Estado aún fijan límites irreales en costos y en tiempos de revisión y aprobación de los expedientes técnicos, usan precios con estándares de calidad no aplicables, y mantienen el enfoque punitivo de control e imposición de multas en lugar de la culminación correcta de las obras.

Para revertir esta situación se requiere una mejora radical de las capacidades prácticas y operativas de los funcionarios de las entidades públicas a cargo de estos proyectos, además de una mayor calidad y agilidad en el sistema de consultas del ente rector --el Ministerio de Economía y Finanzas--, dado que muchas de sus respuestas demoran y son ambiguas.

Los ministerios más activos en el mecanismo como los de Salud, Educación, y Transportes y Comunicaciones, deberían tener una oficina especializada con personal calificado en este mecanismo. Por otro lado se debería sancionar a los responsables de demoras injustificadas en la revisión y aprobación de expedientes técnicos, así como reconocer los mayores costos indirectos generados por estos retrasos a la empresa financista.

También es importante focalizar la participación de la Contraloría a un control previo y un control posterior, circunscrito a la revisión del cumplimiento estricto de los procesos, y no al componente técnico. Finalmente, mientras no se mejore la calidad de los estudios de preinversión realizados por el Estado, no debería existir un tope a la variación del presupuesto del expediente técnico respecto al perfil aprobado en Invierte.pe. El mecanismo de OxI tardó diez años en despegar. Es imperativo evitar los pronósticos de retrasos.

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Fuente: Semana Económica