Un informe del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) advirtió que, a nivel nacional, el riesgo ante sismos es “muy alto” para 182 distritos y es “alto” para otros 486 municipios.

Sobre esto, se estimó que existen más de siete millones de viviendas vulnerables dentro de esos distritos en alerta. Incluso, anteriormente, un estudio de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) indicó que cerca del 80% de las casas en el Perú se edificaron de manera informal, mientras que el Grupo de Análisis para el Desarrollo (Grade) advirtió que cerca del 90% de las viviendas autoconstruidas en el Perú no siguieron buenas prácticas, lo que las hace altamente vulnerables ante terremotos.

Pero el impacto de un terremoto no solo llevaría al colapso de varios inmuebles, sino que también podría comprometer infraestructura básica para mantener servicios básicos y la conectividad del país durante una emergencia.

“Ocurrido un sismo no solamente se cae la infraestructura que no esté bien diseñada, sino que se cortan los servicios. Muchos de los sistemas de alcantarillado tienen más de 100 años de haber sido instalados y no han sido mejorados o mantenidos en el tiempo. En lo que es electricidad y conexión de comunicaciones también podría haber una parálisis”, explicó Mary Mollo, especialista en Gestión de Riesgos de Desastres de ESAN.

De hecho, el estudio de Cenepred -desarrollado para el Plan Multisectorial ante Sismos y Peligros Asociados 2026-2028- identificó que en los 10 distritos clasificados con riesgo “muy alto” se concentran más de 21,600 kilómetros de redes de agua, 4,134 kilómetros de la Red Vial Nacional, 597 puentes, 52 puertos, 34 aeródromos, 1,548 establecimientos de salud y 10,240 instituciones educativas.

Esto significa que hay más de 11,700 infraestructuras de educación y salud clasificadas bajo riesgo “muy alto” de sismos o peligros asociados.

En tanto, en los distritos considerados de riesgo “alto” estarían expuestos otros 9,725 kilómetros de carreteras nacionales, 816 puentes, 27 puertos, 26 aeródromos, 2,770 centros de salud y más de 19,000 colegios.

Cabe precisar que no toda la infraestructura expuesta en una zona de alto riesgo sísmico necesariamente va a colapsar durante un terremoto. La resistencia de cada infraestructura depende de diversos factores como el diseño, materiales, antigüedad y del cumplimiento de las normas de construcción.

Teniendo en cuenta esto, ¿qué se debería priorizar? Para la especialista de ESAN, el foco debería estar, precisamente, en los establecimientos de salud e instituciones educativas.

“Si tuviera que priorizar una inversión en infraestructura pública lo haría en reforzamiento sísmico de hospitales y de escuelas. Debe revisarse si tienen resiliencia estructural. Otra urgencia es realizar una evaluación de la debilidad estructural de todas las infraestructuras públicas. Estos servicios (los de salud) se van a necesitar para salvar vidas”, indicó.

Ante un eventual terremoto, resulta preocupante que en promedio existan más de 11,000 infraestructuras de salud y educación con mayor exposición debido a las pérdidas humanas que podrían generar.

Previamente, los datos del Ministerio de Salud (Minsa) ya reconocían que un 97% de establecimientos de salud del primer nivel de atención tenían una capacidad instalada inadecuada, es decir, infraestructura y equipamiento que no se encuentre de acuerdo con lo establecido en las actuales normas técnicas de salud.

En tanto, el Plan Nacional de Infraestructura Educativa al 2025 identificó que cuatro de cada 10 edificaciones educativas fueron construidas antes de 1998, por lo que no cumplen con la Norma de Diseño Sismorresistente. Además, el 61% se encuentra en zonas de amenaza sísmica alta o muy alta.

El costo de no prevenir

Mollo indicó que los estudios realizados por organismos de cooperación internacional evidencian que invertir antes del desastre resulta menos costoso que reconstruir posteriormente. Según mencionó, por cada S/ 1 destinado a reducir vulnerabilidades se podrían ahorrar S/ 9 en las etapas de rehabilitación y reconstrucción.

Mientras estas obras siguen sin reforzarse, los riesgos continúan. Con un terremoto, la interrupción de carreteras y puentes podría dejar localidades incomunicadas y dificultar el ingreso de ayuda, indicó Gaviño.

Asimismo, se podría ver afectado el desplazamiento de trabajadores, productos e insumos de actividades como la agroindustria, la construcción y otros sectores que dependen del transporte de mercancías.

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