La corrupción es el mayor adversario de nuestro país. Se mantiene encriptado en nuestro sistema y evita nuestro desarrollo como nación, pese a contar con abundantes recursos naturales, minerales y marinos más que suficientes para salir del subdesarrollo y dejar de ser catalogados como un país emergente. Resulta perjudicial que la mayoría de las entidades públicas no hayan implementado el modelo de prevención contra la corrupción establecido por la Ley n.o 30424. Este modelo ha mejorado gracias a la Ley n.o 31740 del 2024, que adicionó otros delitos comprendidos y las multas correspondientes, y el reciente Decreto Supremo n.o 002-2025-JUS, de febrero de este año, que considera el aseguramiento en la implementación de los procedimientos de denuncia para que el denunciante no sufra represalias.

Entre las diversas modalidades de corrupción, tenemos los fraudes contables y financieros, las sociedades offshore, las adendas sucesivas en contratos, los lobbies, la evasión tributaria, las facturas ilegítimas, el financiamiento de partidos políticos, las puertas giratorias, los acuerdos bajo la mesa, la colusión, la legislación sastre, el lavado de activos, el tráfico de influencias, los pagos de conferencias y las consultorías fantasmas. Otra modalidad que considerar es el soborno, también conocido como cohecho o coima, considerado un flagelo mundial y el más preocupante de la actualidad, en términos económicos, con más de un billón de dólares pagados cada año. Mientras tanto, en nuestro país, las pérdidas por corrupción superan los S/24 000 millones anuales.

Las consecuencias de las distintas variantes de fraude y corrupción son calamitosas, ya que reducen la calidad de vida, ahuyentan las inversiones, paralizan proyectos, producen la quiebra de empresas al ocasionar despidos, vulneran el estado de derecho, aumentan la pobreza y erosionan la confianza del público. En el Perú, durante las últimas décadas, los sobornos relacionados, sobre todo, con proyectos de construcción de gran envergadura, muchos de ellos al quedar congelados, afectaron a cientos de proveedores y miles de trabajadores que terminaron desempleados.

Por ello, en nuestro país, en abril del 2016, se promulgó la Ley n.o 30424, que ratifica la responsabilidad administrativa y penal de las entidades por actos de corrupción realizados por alguno de sus funcionarios, sin distinguir rango alguno. Además, permitió que la persona jurídica, sea pública o privada, queda exenta de dicha responsabilidad solo si demuestra haber implementado en su organización un modelo de prevención adecuado contra la corrupción, considerando las sanciones por incumplimiento.

Un año después, en abril del 2017, se oficializó en el Perú la ISO 37001: Sistema de Gestión Antisoborno. Así, nos convertimos en el primer país de América Latina en adoptar esta norma, una herramienta muy importante para complementar la cultura contra la corrupción dentro de las organizaciones, restaurar la ética en los negocios y asegurar las prácticas de buen gobierno corporativo.

En la exposición de motivos de la Ley n.o 30424, se sugiere, como ayuda para implementar un modelo de prevención, el propuesto por la ISO 37001. Esta última considera implementar en las organizaciones una matriz de riesgos de soborno, controles, una política antisoborno y sistemas de denuncias, difusión y monitoreo.

La frase “pecar por omisión” se refiere a actuar de forma incorrecta por no realizar lo que debería hacerse. De manera similar, las autoridades, al no tomar acción y dejar de implementar modelos de prevención en sus organizaciones, podrían considerarse negligentes, lo que podría interpretarse como estar a favor de la corrupción.

Es importante que el Gobierno resuelva el problema de la impunidad de los involucrados en actos de soborno, mediante una aplicación más ágil y efectiva de las sanciones a quienes cometan actos dolosos. La ineficiencia y la corrupción son dos caras de una misma moneda y es necesario abordarlas de manera simultánea.

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