Horas antes de que Susana Villarán fuera recluida preventivamente en el penal de Chorrillos por los aportes de OAS y Odebrecht a sus campañas municipales, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, anunció que evaluará la nulidad de los contratos suscritos con ambas constructoras para las concesiones Línea Amarilla y Rutas de Lima, que incluyen 18 peajes en la capital.

La tesis de la fiscalía es que Villarán, durante su gestión municipal como alcaldesa de Lima, recibió US$10 millones de las empresas brasileñas a cambio de la suscripción de los proyectos Vías Nuevas de Lima (Odebrecht) y la ampliación de la concesión de 30 a 40 años por la Línea Amarilla (llamada Vía Parque Rímac en la administración villaranista). Luis Castañeda, quien firmó el contrato con OAS en 2009, también es investigado por el Ministerio Público, pero su caso se encuentra en etapa de diligencias preliminares a cargo de los fiscales Carlos Puma (por firma de contrato con Lamsac) y Germán Juárez Atoche (por la adenda que eliminaba Río Verde).

"No quiero ningún peaje manchado por la corrupción. Esto lo tenemos muy claro y estamos en ese proceso", dijo ayer Muñoz durante una actividad pública en San Juan de Lurigancho.

Para tal fin, ha convocado para este lunes 20 una sesión extraordinaria del concejo metropolitano. Ayer también adelantó que la Gerencia de Promoción de la Inversión Privada (GPIP) prepara desde hace un mes un informe sobre la situación de los peajes, que serviría como elemento técnico para evaluar este tema.

En abril pasado, Muñoz anunció que dejaría "sin efecto" la reactivación del contrato con Graña y Montero [firmado inicialmente con Villarán en el 2013] para construir la ampliación de la Vía Expresa. Esta decisión la tomó luego de las declaraciones de Jorge Barata, ex jefe de Odebrecht en el Perú, sobre la entrega de sobornos de la constructora peruana.

Alternativas legales

Miguel Sandoval, abogado y profesor del PEE en Derecho de ESAN, sostiene que la comuna tendría que demostrar solidez en las causales para anular los acuerdos. Y la corrupción no es la única vía.

En cualquier contrato, dijo el especialista, uno de los firmantes puede alegar vicios como incumplimientos de la otra parte, desequilibrio económico-financiero, etc. En su opinión, es una decisión política. "Por ejemplo, un peaje siempre tiene que estar acompañado por una ruta alterna. Su ausencia es una causal típica de incumplimiento de contrato", agregó.

Precisamente, la inexistencia de una vía alterna fue uno de los argumentos de las protestas vecinales del 2017 que motivaron la cancelación de un segundo peaje en Puente Piedra.

En cualquiera de los supuestos, las empresas pueden acudir a un centro de arbitraje internacional. La posibilidad que no contempla una posible indemnización es una resolución por mutuo acuerdo.

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Fuente: El Comercio.