Con una tasa de informalidad laboral que afecta al 75% de su fuerza de trabajo, el Perú enfrenta un obstáculo muy importante para su desarrollo. El elevado número de informales sigue siendo uno de los mayores desafíos. Con una población económicamente activa (PEA) de cerca de 18 millones de personas, alrededor de 13 millones naufragan en la informalidad, carentes de acceso a beneficios esenciales, como salud, pensiones o estabilidad laboral. Además, la informalidad limita la capacidad del Gobierno para recaudar impuestos, en detrimento de los servicios públicos necesarios de salud, educación, entre otros.

Por ello, es necesario reformar algunas leyes laborales y tributarias que se apliquen de manera progresiva para incentivar la formalización, además de proponer la creación de ventanillas únicas para simplificar y centralizar los trámites de formalización. Un sistema tributario simplificado y eficiente representa una herramienta poderosa para reducir la informalidad y aumentar la base tributaria.

Es necesaria, por tanto, la implementación de reformas estructurales. De implementarse estas reformas en el plano tributario, educativo e institucional, se podría casi duplicar el producto bruto interno o producción nacional total (PBI) de 3.3% que mantenemos a niveles de 6% a 7%. Se generaría más trabajo y recursos para los bolsillos de quienes viven en la incertidumbre, y se disminuiría de manera importante el 30% de peruanos pobres, más el otro 30% de vulnerables o a punto de cruzar la línea, que incluye al casi 6% de pobres extremos, que no les alcanza ni siquiera para una ración de alimento diario.

Tales proyecciones de crecimiento de producción anual de nuestra economía solo serán tangibles con la reactivación de los provectos paralizados. El puerto de Chancay, por ejemplo, con una inversión de US$ 3,500 millones de dólares, viene generando miles de empleos directos e indirectos, principalmente en la zona,

Lo mismo ocurriría si pusiéramos en marcha proyectos mineros de la magnitud de Quellaveco, Las Bambas, Conga, Zafranal y varios otros que los antimineros no permiten. El Perú es un país principalmente minero. Dejar de hacer realidad la reactivación minera sería incrementar el número de pobres y vulnerables, ya que día a día la población peruana crece.

Otra traba para el desarrollo son los gobiernos regionales. Estos son incapaces de ejecutar el dinero que se les asignan anualmente para ejecución de obras, ya que lo devuelven al final del año, escamoteando la posibilidad de generar cientos de puestos de trabajo, al estar más preocupados en el gasto corriente, las planillas y otros beneficios. Dichos gobernantes, no se dan cuenta de que pecan por omisión, y de que, al no hacer nada teniendo los recursos, son tan culpables como quienes los utilizan inadecuadamente. En este caso, el Gobierno central debería delegar dicha función a gestores de proyectos internacionales (PMO) para la asistencia técnica necesaria.

El Perú no debe parar. La pobreza ya no puede esperar. Somos gobernados por quienes entorpecen nuestro crecimiento y no dejan escapar al mendigo sentado en un banco de oro, atado de pies por las maromas de la corrupción,

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