El atentado contra el bus de la reconocida orquesta Armonía 10, que resultó en el trágico asesinato del cantante Paul Flores, así como las detonaciones de explosivos en los alrededores de clubes campestres y conciertos en Lima y el norte del país, son una muestra alarmante del descontrol de la inseguridad en Perú. La violencia no solo enluta a familias y destroza comunidades, sino que también asfixia a dos sectores fundamentales para la economía nacional: el entretenimiento y el turismo.

La incapacidad del gobierno para controlar este tsunami de inseguridad es evidente y su solución parece inalcanzable debido a una combinación de falta de voluntad política y una coyuntura que incentiva la inacción. La ausencia de autocrítica en la Presidencia, la PCM y el Ministerio del Interior impide reformas estructurales urgentes. Además, las severas limitaciones de la Policía Nacional del Perú y del Ministerio Público para enfrentar a las organizaciones criminales agravan la crisis. A esto se suma una ciudadanía que, si bien rechaza enérgicamente la violencia, no encuentra mecanismos efectivos para canalizar su descontento y exigir soluciones concretas.

Ante ello, la pérdida de más vidas y el deterioro de la actividad económica vinculada al entretenimiento y al turismo son los estandartes de un hundimiento progresivo de nuestro país.

La repercusión en el sector del entretenimiento y el turismo

La industria del entretenimiento ha sufrido un severo impacto debido a la inseguridad. La sensación de riesgo ha provocado la cancelación de eventos de gran magnitud, afectando directamente a miles de personas, desde artistas y técnicos hasta proveedores y comerciantes informales que tienen como medio de subsistencia la ejecución de conciertos, festivales y actividades de ocio.

Aquí cabe señalar que la industria del entretenimiento es un impulsor económico que crea puestos de trabajo y estimula las economías locales, sin embargo, el incremento de la inseguridad la encuentra prisionera por el cobro de cupos.

Por su parte, el sector turístico se encuentra ante una crisis nunca antes vista. Las recientes alertas de embajadas extranjeras acerca de los peligros de viajar a Perú han originado la disminución significativa de turistas extranjeros, impactando a hoteles, restaurantes, agencias de viajes y negocios locales que se apoyan en el turismo. La violencia y el crimen organizado han transformado áreas de gran potencial turístico, tales como el norte, el sur y el centro del país, en áreas de riesgo.

Esto se suma a las noticias de las protestas sociales de años previos, la información reciente sobre los problemas de acceso al nuevo aeropuerto internacional Jorge Chávez, entre otros.

Por si fuera poco, la opinión internacional acerca de la seguridad en Perú ha debilitado su reputación como destino turístico. Investigaciones de organizaciones como la Organización Mundial del Turismo (OMT) y el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) han hecho hincapié en el efecto de la violencia en el sector turístico del país, sugiriendo cautela a los turistas de alrededor del mundo. Este hecho se ha manifestado en la anulación de paquetes de turismo con destino a Perú y a la transferencia de inversiones a lugares más seguros en la región.

Una estrategia viable para restaurar la estabilidad

Frente a este panorama desolador, resulta imprescindible que el gobierno implemente un enfoque integral de seguridad que no solo combata el delito con mayor presencia policial, sino que también potencie la inteligencia operacional, actualice la infraestructura de seguridad y robustezca la cooperación entre las autoridades locales y nacionales. Si bien esto puedo parecer iluso por las noticias que se dan en el día a día, es importante señalarlas, porque una aceptación no debe confundirse con resignación.

Urgencia de un plan estratégico de desactivación de mandas delictivas: Se necesita poner en marcha operativos de gran alcance con unidades especializadas en áreas de alta incidencia delictiva, equipadas con tecnología y mejor equipamiento para desmantelar grupos delictivos.

Fortalecimiento de la investigación policial: La penetración en redes delictivas por medio de un trabajo de investigación y encubierto, sumado a la implementación de tecnología de vanguardia, como el reconocimiento facial y la supervisión con drones, posibilitarían una acción más eficaz contra los criminales.

Implementación de sanciones y reforma del sistema judicial: Es crucial modificar el Código Penal para aplicar penalizaciones más rigurosas a los crímenes violentos y acelerar los procedimientos legales para que las sentencias sean eficaces y disuasivas.

Protección y resguardo de la inversión de la industria del entretenimiento y el turismo: Una idea más arriesgada es el establecer un fondo de emergencia para respaldar a los empresarios de la industria que han sufrido daños debido a la violencia y establecer estímulos para que las inversiones en estos sectores no cesen. Es un contrapeso a las extorsiones existentes.

Involucramiento y tecnología cívica: Promover la denuncia pública anónima mediante plataformas digitales seguras y de fácil acceso, asegurando la salvaguarda de los denunciantes y fomentando la responsabilidad compartida en la batalla contra la inseguridad.

Cooperaciones entre el sector público y privado para la seguridad: Incluir tecnología y vigilancia privada en áreas turísticas y centros de ocio a través de convenios con compañías del sector.

Refuerzo de la protección frente a la violencia: Establecer seguros de bajo costo para empresas de entretenimiento y turismo que protejan contra pérdidas por la cancelación de eventos debido a la falta de seguridad.

La problemática de inseguridad en Perú es un problema estructural que pone en peligro los cimientos del progreso económico y social del país. Sin una acción firme y con resultados concretos, la violencia y la impunidad continuará impactando en el sector del entretenimiento y el turismo, sectores esenciales que crean empleos y estimulan la economía del país. No es una labor fácil recuperar la estabilidad, pero tampoco es inviable.

La clave del asunto reside en la determinación política, una mayor estrategia de inteligencia de las fuerzas de seguridad y el involucramiento proactivo de la comunidad. Por ello, es imprescindible un acuerdo de seguridad a escala nacional que involucre a todos los participantes, desde el gobierno hasta los ciudadanos, para poner en marcha acciones específicas y duraderas en el tiempo. Sin un compromiso firme y duradero, el país continuará perdiendo vidas, oportunidades y su posición como punto de referencia turístico y cultural en la región.

No podemos dejar que la violencia trunque nuestro porvenir. Es hora de actuar con firmeza antes de que la nación llegue a un punto de no regreso. La seguridad no es simplemente una exigencia, es un derecho esencial que necesitamos recuperar de manera urgente.

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