EsSalud tiene alrededor de S/ 5,600 millones pendientes de cobro entre deuda tributaria y no tributaria, una cifra que cobra relevancia en medio de las dificultades financieras que atraviesa actualmente la institución.

Durante su presentación ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, las autoridades detallaron qué hay detrás de esta cartera y plantearon cambios para recuperar parte de esos recursos.

¿Quiénes concentran las obligaciones y qué alternativas se evalúan para asegurar que el dinero llegue al Seguro Social?

¿Quiénes le deben a EsSalud?

Una parte de las cuentas pendientes corresponde al sector público. El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, señaló que el Estado adeuda alrededor de S/ 2,330 millones a EsSalud y apuntó principalmente a gobiernos regionales y municipalidades.

Según explicó, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) transfiere a los gobiernos subnacionales recursos destinados al pago de EsSalud. Sin embargo, sostuvo que existen casos en los que ese dinero termina siendo utilizado para otros fines.

La presidenta ejecutiva de EsSalud, Zulema Tomás, también se refirió al problema. Advirtió que la institución continúa atendiendo a los trabajadores asegurados aun cuando los recursos correspondientes a sus aportes no hayan llegado.

Proponen que recursos lleguen directamente a EsSalud

Ante esta situación, Tomás planteó modificar la forma en que se canalizan estos recursos. La propuesta es que el Ministerio de Economía y Finanzas transfiera directamente a EsSalud los montos correspondientes, en lugar de que estos pasen previamente por los gobiernos regionales.

La presidenta ejecutiva pidió el apoyo de la Comisión de Salud para evaluar una iniciativa que permita implementar este mecanismo. Remarcó que los recursos de EsSalud provienen principalmente de los aportes realizados por los empleadores por sus trabajadores.

“Aquí no puedo tocar la puerta a nadie porque es nuestra plata, la plata que cada uno de nosotros brindamos como asegurados”, afirmó.

La funcionaria sostuvo que recuperar estos recursos permitiría distribuirlos entre las redes que brindan atención a los asegurados, en un contexto en el que la institución enfrenta necesidades de medicamentos, insumos, equipamiento e infraestructura.

Sheput plantea consecuencias penales

Sheput fue más allá respecto al uso de los recursos que corresponden a EsSalud. El ministro consideró que debería evaluarse un marco legal que establezca responsabilidades cuando el dinero transferido para cumplir estas obligaciones sea destinado a otros fines.

“Eso debería tener un carácter penal, pues está jugando con la vida de los asegurados”, sostuvo.

Según el titular del MTPE, actualmente no existe un marco legal específico que sancione a alcaldes y gobernadores por utilizar para otros fines recursos que deberían destinarse a EsSalud.

Sheput señaló que el Ministerio de Trabajo respaldaría una eventual iniciativa legislativa destinada a evitar esta situación y garantizar que los recursos transferidos para el Seguro Social cumplan finalmente esa finalidad.

La recuperación de estas cuentas se produce, además, en un escenario de presión sobre las finanzas de EsSalud. La institución proyecta cerrar el 2026 con un déficit cercano a S/ 2,000 millones y mantiene obligaciones financieras acumuladas que bordean los S/ 6,000 millones.

¿Es viable que el MEF transfiera directamente los recursos?

La propuesta de que determinados recursos lleguen directamente del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a EsSalud genera reparos entre los especialistas consultados.

César Fuentes, director de la Maestría en Gestión Pública de ESAN, explicó que debe distinguirse entre el presupuesto público destinado a los servicios de salud de los gobiernos regionales y el financiamiento de EsSalud, que proviene principalmente de los aportes de los empleadores.

“Son dos carriles diferentes”, sostuvo. Según explicó, existen recursos de los gobiernos regionales que tienen destinos previamente determinados y no pueden ser redireccionados libremente. Por ello, consideró que una modificación del mecanismo planteado requeriría cambios de mayor alcance y, primero, identificar con precisión qué recursos se pretende transferir.

Rafael Viera, socio fundador de Viera Abogados, coincidió en que, bajo las reglas actuales, el MEF no podría simplemente retener recursos correspondientes a gobiernos regionales o municipalidades para entregarlos a EsSalud.

Sobre las deudas ya existentes, Viera explicó que EsSalud puede acudir al Poder Judicial para exigir su pago, aunque el principal problema aparece al momento de hacerlo efectivo frente a una entidad estatal. Estas cuentan con reglas particulares que permiten programar el cumplimiento de sentencias con cargo a sus presupuestos e incluso efectuar pagos de manera fraccionada.

Asimismo, sostuvo que EsSalud no puede recurrir directamente a una ejecución coactiva para cobrar estas obligaciones. De esta manera, aun cuando obtenga el reconocimiento de una deuda, ello no supone necesariamente un cobro inmediato.

¿Es necesario crear una nueva sanción penal?

El planteamiento de Sheput de establecer consecuencias penales también fue analizado por especialistas. Dino Carlos Caro Coria, socio fundador y CEO de Caro & Asociados, recordó que el Código Penal ya contempla el delito de malversación para determinados casos en los que un funcionario da a recursos públicos una aplicación distinta de aquella para la cual fueron destinados.

Sin embargo, precisó que no basta con modificar el destino del dinero: deben cumplirse los demás elementos del delito, incluida la afectación al servicio. Por ello, advirtió que una ejecución presupuestal deficiente no debería convertirse automáticamente en una conducta penal.

Para Caro, cuando no existe un delito y el problema corresponde a una administración ineficiente, la respuesta debería encontrarse principalmente en el ámbito administrativo, con intervención de la Contraloría y la aplicación de correctivos o sanciones cuando corresponda.

Danae Beteta, asociada de DLA Piper Perú, agregó que desde 2023 el artículo 190 del Código Penal contempla expresamente los aportes destinados al Seguro Social de Salud y sanciona su apropiación, desvío o disposición indebida. La norma, explicó, establece además una consecuencia más grave cuando la conducta es realizada por un servidor público.

En ese sentido, sostuvo que antes de crear una nueva figura penal debe determinarse qué ocurrió con los recursos, quién los administraba, cuál era su destino y qué uso se les dio finalmente. Dependiendo de las circunstancias, agregó, también podrían evaluarse otros delitos contra la administración pública, como el peculado.

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