La cultura de emprendimiento dentro de la economía de un país es sinónimo de desarrollo. Significa generar empleo, explotar nichos de mercado, crear industrias e identificar oportunidades a través de nuevos productos y servicios. Sin embargo, la realidad peruana, con una alta tasa de informalidad (más del 70% de la actividad económica) y donde muchas veces el desempleo es la motivación para crear un negocio, resulta un entorno complejo para cumplir el objetivo de todo emprendimiento: crear empresas autosostenibles.

De acuerdo al estudio “Emprendedores en tiempo de inflación”, aplicado a 28 países y realizado por Ipsos Global Advisors en junio del 2022, en el Perú, el 54% de los encuestados indicó haber iniciado su propio negocio. Asimismo, la investigación halló que solo el 20% de los encuestados cree que los beneficios laborales en el Perú son buenos, por lo que un emprendimiento se vuelve una opción más atractiva.

El hecho de que haya muchos emprendedores que, al estar descontentos con sus funciones de subordinado en una compañía (y los beneficios que recibe por ello), se embarque en un proyecto de este tipo, no es del todo bueno. Ello, debido a que suelen carecer de los conocimientos técnicos necesarios para aterrizar la idea de negocio y, con ello, tener mejores herramientas para hacerlo crecer en el tiempo. Se trata de emprendimiento de sobrevivencia.

Sin embargo, no solo es necesario un sólido conocimiento académico de parte del emprendedor para sacar adelante su negocio, sino que también el Estado debe cumplir su rol regulador y generar una estructura normativa que sea un impulso para los mismos. Y aquí aparece otra barrera: la burocracia. Lamentablemente, en nuestro país, el proceso de formalización se vuelve un dolor de cabeza para los emprendedores, al generarles sobrecostos y demoras. Esto hace que muchos decidan saltar este paso y optar por el camino —limitado — de la informalidad.

Si bien trabajar de manera informal tiene algunos “beneficios” en el corto plazo, como ingresar a operar en el mercado rápidamente, no permite a la empresa tener una estructura administrativa, ni acceder al sistema financiero. Asimismo, le impide contratar con el Estado u otras compañías, lo cual “les pone la soga al cuello” desde un inicio.

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