Al 22 de julio, los gobiernos regionales (Gore) vuelven a presentar lentitud en la ejecución de su presupuesto destinado a obras públicas afectando la inversión, la demanda y las posibilidades de desarrollo del país. Para los especialistas e investigadores consultados por Microfinanzas, es imprescindible que se realice una reforma no solo de los sistemas de inversión y contratación públicas sino también de todo el Estado para cambiar de una vez esta situación.

En los últimos 10 años, la ejecución presupuestal anual de los Gore en proyectos de inversión se ha ubicado en alrededor de 66%, según datos del portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Eficiencia y eficacia

César Fuentes Cruz, director de la Maestría en Gestión Pública de ESAN Graduate School of Business, coincidió en que la inversión en infraestructura que realiza el sector público no solo tiene problemas de eficacia en cuanto al monto de la ejecución presupuestal, sino también un problema de eficiencia relacionada a que si los recursos que se utilizan de verdad tienen el impacto en el bienestar ciudadano que se requiere.

“Podríamos ejecutar el 100% de lo presupuestado, pero no tenemos indicadores para saber el impacto que estamos logrando. ¿Estamos mejorando la salud de la población?, ¿estamos reduciendo costo por kilómetro? Medimos cuánto hemos gastado, pero no cuánto hemos producido. No se evalúa la satisfacción del ciudadano. Tenemos que medir la eficiencia y luego construir indicadores de impacto”, indicó.

Manifestó que esta falta de medición de la eficiencia facilita a las autoridades esconder otro grave problema: la ausencia de cuadros técnicos competentes y capacitados.

Señaló que, sobre todo, en los gobiernos regionales y municipales, se privilegia realizar obras de infraestructura pequeñas que no requieren demasiada capacidad gestora, se prioriza hacer un parque o una losa deportiva a una obra de alcantarillado que tiene más requisitos técnicos.

“El problema es la diferencia de impacto en el bienestar del ciudadano. Pero no estamos midiendo ese impacto para saber qué autoridad hace un mejor trabajo ni si estamos utilizando adecuadamente los recursos del Estado. Además, el clientelaje existente en los Gore y en los municipios provoca que no haya carrera de servidor público”, lamentó.

OxI

Algunas buenas prácticas incorporadas al sistema de inversión pública permiten saltar estas taras (aunque no las solucionan). Fuentes destacó, por ejemplo, el mecanismo de OxI que le permite a los Gore, municipios y universidades contar con infraestructura y servicios públicos de calidad ejecutados con participación de la empresa privada, la que se encarga de su financiamiento con cargo al pago de su Impuesto a la Renta.

Según datos de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), desde el 2009, cuando se empezó a implementar el mecanismo OxI, ha permitido el desarrollo de infraestructura valorizada en S/9.304 millones, destacando entre las obras ejecutadas, la construcción del puente Chilina en Arequipa; el sistema de agua potable, alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales en Huarmey; así como importantes carreteras, colegios y centros de salud en distintas regiones.

“Con OxI se pueden hacer proyectos interesantes y de alto impacto. Es un mecanismo que está creciendo poco a poco”, resaltó Fuentes.

En efecto, la cartera de inversión que maneja ProInversión incluye proyectos como un puente interregional entre Pichari (Cusco) y Huanta (Ayacucho) por más de S/300 millones; la ampliación del hospital Santo Tomás en Chumbivilcas (Cusco) por S/144 millones; la construcción de 100 kilómetros de carretera entre Ivochote y Camisea (Cusco) por S/550 millones; el mejoramiento del sistema vial entre Espinar, Canas y Acomayo (Cusco) por S/990 millones; y, la ampliación del hospital de Apoyo del Cusco por S/650 millones; entre otros.

Mejora normativa

Pero junto con el impulso de mecanismos como OxI, el Estado requiere mejorar su normativa para conseguir un uso más eficiente y eficaz de los recursos destinados a infraestructura.

Fuentes señaló que es necesario dar flexibilidad a los procesos de inversión pública con el objetivo de que se cumplan las metas planteadas, lo que implica un cambio en la supervisión y evaluación de los proyectos.

“En Perú, la normativa está diseñada para hacer cumplir los procesos establecidos inicialmente, aun cuando se encuentre que hubo errores en el diseño y que se requieran correcciones. Eso hace que cualquier cambio que se realice, aun cuando mejore el proyecto, es visto como malversación de fondos”, advirtió.

La escasa experiencia en contrario ha sido positiva, sin embargo, dichos aportes aún no son recogidos en la normativa con el ánimo de replicarlos masivamente. Por ejemplo, en el proyecto de construir la Villa Panamericana, se dictaron normas que permitieron que el objetivo sea acabar la obra. No se fijaron tanto en el proceso sino en cumplir la meta, y se consiguió un excelente resultado.

“Así se trabaja en otros países. Espero que si Perú ingresa a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), esos criterios cambien para que el objetivo de la supervisión sea la conclusión de las obras y no el cumplimiento estricto del proceso. El Estado tiene que supervisar y regular adecuadamente, pero también debe ser facilitador para que las obras se concluyan. En ese camino, es necesario también que el sector privado conozca más al sector público”, indicó.

Pocos avances se registran en el gasto regional en infraestructura

La falta de medición de la eficiencia del gasto público facilita a las autoridades esconder la ausencia de cuadros técnicos competentes y capacitados, señaló César Fuentes Cruz de ESAN Graduate School of Business.

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