La mañana de este miércoles, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, anunció que dejará "sin efecto" la reactivación del proyecto para la ampliación de la Vía Expresa del Paseo de la República hasta la Panamericana Sur, conocido como Vía Expresa Sur, que iba a ser ejecutado por Graña y Montero. Estas declaraciones llegaron un día después de que Jorge Barata, ex jefe de Odebrecht en el Perú, afirmara que la empresa peruana entregó US$3 millones en sobornos para la adjudicación del metro de Lima, según fuentes de El Comercio.

"Tenemos que buscar otras alternativas para realizar la obra. Esa alternativa [de reactivar el proyecto con Graña y Montero] queda descartada por las informaciones mencionadas", remarcó el burgomaestre.

En un comunicado enviado horas más tarde, Graña y Montero lamentó "la decisión tomada por la Alcaldía". "Declaramos que haremos lo que esté a nuestro alcance para privilegiar que se concrete la construcción de la Vía Expresa Sur", dice el documento.

El escenario legal

A principios de abril, Muñoz ya había mencionado que, si en el camino encontraban irregularidades alrededor del relanzamiento del proyecto, la municipalidad no avanzaría en su desarrollo. Ahora que ello ocurrió y fue suspendida su reactivación, expertos legales consultados por este Diario señalaron que no existe una comunicación formal que deje clara una resolución unilateral del contrato.

Miguel Ángel Sandoval, profesor de la Maestría en Finanzas y Derecho Corporativo de ESAN, explica que un escenario de arbitraje se presentaría solo si se resuelve el contrato del proyecto o si Graña y Montero "en su entendimiento asuma que esto es un efecto lesivo a su contrato y decida iniciar un arbitraje por esta expectativa que tenía de realizar esta obra".

"Este tipo de contratos tiene una cláusula que se conoce como cláusula de arbitraje en ámbito internacional, y la duración de estos procesos es aproximadamente de dos a tres años", añade.

En el supuesto del término unilateral del contrato, los expertos señalan que un arbitraje no restringiría la capacidad de que la municipalidad pueda relanzar el proyecto con un nuevo expediente y otros operadores.

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Fuente: El Comercio.