La posible comercialización de criptomonedas en Perú representa un cambio significativo en la relación entre el sistema financiero tradicional y los activos digitales. Recientemente, el Banco de Crédito del Perú, el principal banco privado del país, anunció el inicio de un programa piloto limitado que permitirá la compra y venta de Bitcoin a través de su plataforma digital. El programa, restringido a usuarios seleccionados, aún no implica una apertura al mercado masivo, pero marca un precedente. Se trata de la primera vez que una entidad bancaria regulada en Perú se involucra directamente en operaciones con criptoactivos, lo que abre una nueva etapa para la discusión pública, empresarial y regulatoria en torno al tema.

Este interés no surge en el vacío. Bancos en Estados Unidos, por ejemplo, comenzaron a ofrecer servicios de custodia de criptomonedas desde 2020, tras una aclaración de la autoridad bancaria federal que lo permitió. En otros países, como Australia, algunas entidades han optado por restringir este tipo de operaciones, generando controversia entre usuarios que consideran estas medidas como limitaciones a la libertad financiera. En Perú, el debate aún se encuentra en una etapa incipiente: no se discute si debe permitirse o prohibirse, sino cómo y bajo qué condiciones podría integrarse este tipo de operaciones al sistema financiero supervisado. La banca local observa el fenómeno, evalúa los riesgos y espera señales más claras por parte de los reguladores antes de avanzar con mayor determinación.

En agosto de 2024, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP activó un registro obligatorio para las empresas que ofrecen servicios con criptoactivos. Este registro exige que los proveedores cumplan con requisitos básicos de identificación del cliente (KYC), reporten operaciones sospechosas y cuenten con programas de prevención de lavado de activos. Es un primer paso hacia una regulación más formal, aunque su alcance todavía es limitado. Aún no existen disposiciones específicas sobre protección al consumidor, resolución de controversias ni obligaciones de custodia. Tampoco se ha establecido un marco claro para la interoperabilidad entre plataformas, ni se han definido estándares técnicos que garanticen la trazabilidad de las transacciones realizadas en exchanges descentralizados o con wallets autocustodiadas.

Uno de los principales riesgos identificados por las autoridades es el uso de criptoactivos para el lavado de dinero. A nivel global, se estima que cerca del 0,24 % del volumen total de transacciones con criptomonedas estuvo vinculado a actividades ilícitas durante 2023, lo que equivale a más de 24 mil millones de dólares. En Perú, si bien el volumen es comparativamente bajo, existe una preocupación creciente por el uso de estos activos para ocultar rentas provenientes de delitos como la minería ilegal, el narcotráfico o el fraude financiero. La dificultad radica no solo en la trazabilidad de las operaciones, sino también en la capacidad de los supervisores para identificar flujos complejos que involucran múltiples jurisdicciones, intermediarios no regulados y plataformas sin representación legal en el país. La inclusión de los bancos en este entorno podría reducir algunos riesgos si logran capturar parte del flujo que actualmente se mueve fuera del radar. Pero también implica que deberán asumir obligaciones técnicas y reputacionales que aún no están completamente definidas.

Mientras tanto, el BCRP lleva adelante un piloto para una moneda digital soberana. La iniciativa, todavía en fase de prueba, se desarrolla en alianza con un operador móvil local y busca evaluar la viabilidad de una moneda digital que funcione como una extensión del sol. No se trata de un reemplazo de la moneda física, sino de una alternativa de circulación que, en el futuro, podría facilitar pagos digitales, ampliar la inclusión financiera y reducir los costos de transacción. Si el proyecto avanza, se abriría un espacio regulado para transacciones digitales seguras, trazables y respaldadas por el Estado. En ese escenario, la moneda digital del banco central no competiría directamente con Bitcoin o Ethereum, pero sí podría restarles atractivo en ciertos usos cotidianos, especialmente en pagos de bajo valor, transferencias personales o integraciones con billeteras digitales respaldadas por bancos.

Los bancos, frente a este entorno, se mueven con cautela. Ingresar al negocio de las criptomonedas implica riesgos reputacionales, operativos y normativos. También plantea preguntas sobre su rol futuro: ¿deben ser solo intermediarios de activos tradicionales o pueden ofrecer acceso a activos digitales, aunque no estén respaldados por el Estado? La respuesta, por ahora, no es clara. Lo que sí es evidente es que existe una oportunidad de negocio. Se estima que, en América Latina, el volumen de operaciones con criptoactivos en canales minoristas supera los 1.500 millones de dólares al año. En Perú, aunque el monto es menor, el crecimiento ha sido constante, impulsado por la informalidad digital, la penetración de plataformas globales sin licencia y una demanda sostenida por activos no tradicionales, sobre todo en un entorno donde las tasas reales han sido bajas o negativas.

El éxito de cualquier estrategia comercial dependerá de la capacidad del Estado para cerrar brechas regulatorias, mejorar la cooperación entre entidades financieras y tecnológicas, y diseñar un entorno en el que tanto las monedas digitales soberanas como las privadas puedan operar bajo reglas claras y funcionales. Mientras eso ocurre, lo más probable es que pilotos como el del principal banco privado funcionen como laboratorios discretos. No están orientados a generar escala en el corto plazo, sino a comprender mejor los riesgos, adaptar sus procesos y formar una base de conocimiento que permita tomar decisiones más informadas en el futuro. No es aún un mercado consolidado, es una exploración. Aunque eso, en este contexto, ya representa un paso importante.

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