Aunque el país experimentó un avance socioeconómico en los últimos años, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD),  todavía hay mucho por hacer para que alcance un desarrollo sostenible equilibrado y a nivel nacional. Por otro lado, para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), "la escasa productividad y una infraestructura deficiente; la segregación y rezagos en la calidad de los servicios de educación y salud; las persistentes brechas de género, las desigualdades territoriales [...] y sociales [...] determinan, en gran medida, el acceso a los servicios básicos y las oportunidades de desarrollo" (2016).

Además de estas problemáticas, uno de los desafíos más importantes que debe superar el país en su camino a la sostenibilidad es la corrupción. Según el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, Perú ocupó el puesto 85 de 175 países con un puntaje de 38. Además, según el Barómetro Global de la Corrupción, nuestro país ostenta el séptimo lugar en percepciones de corrupción con un promedio de 76.9. Paradójicamente, las instituciones con mayor descontento son las encargadas de combatir la corrupción en el sector público: el Poder Judicial y el Congreso.

Existe un alto grado de desconfianza e insatisfacción de los ciudadanos hacia las instituciones políticas y sus representantes. Según datos del Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE), los niveles de apoyo para la democracia, la tolerancia política, el apoyo al sistema y la confianza en las instituciones políticas en Perú, se encuentran entre las más bajas de América Latina. En particular, se observa mucho rechazo hacia las instituciones democráticas. Solo el 32 % de los peruanos confía en los partidos políticos: el 36,6 % en el Congreso, el 39,4 % en el sistema de justicia, y el 40,1 % en la Policía Nacional del Perú.

Esta desconfianza y falta de compromiso por las políticas de Estado conllevan a una grave debilidad institucional del Perú. En consecuencia, representa una seria limitación para el desarrollo sostenible del país, pues sin confianza no hay participación de la población, y sin ella no puede efectuarse un verdadero desarrollo nacional.

Por eso la corrupción es un gran desafío para el desarrollo sostenible del Perú. El mal desempeño del Gobierno se refleja en la recaudación de impuestos e ingresos, o en la pérdida y mala asignación de recursos debido a funcionarios públicos corruptos. Por estos motivos, los índices de pobreza aumentan y la economía se distribuye desigualmente.

Asimismo, se desperdicia dinero público en proyectos inútiles y caros, en lugar de programas orientados a las personas, como salud y educación. Todo ello obstaculiza el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible, entre los que se tienen: el alivio de la pobreza y la ejecución de programas dedicados a aumentar la salud y bienestar de las personas.

¿Cómo revertir esta situación?

El gobierno peruano introdujo una serie de iniciativas para combatir de forma integral la corrupción. La primera fue la creación del Plan Nacional Anticorrupción y la Iniciativa Nacional Anticorrupción. El objetivo principal de esta última es diagnosticar la situación de corrupción en el país y, posteriormente, diseñar políticas públicas para abordar el problema.

En términos de prevención, los esfuerzos anticorrupción se han basado en cuatro pilares: el Sistema Nacional de Control, la modernización de la administración pública y la simplificación administrativa, la reforma del empleo público y las condiciones de contratación.

Las acciones específicas para combatir la cultura del secreto dentro del gobierno incluyen la Ley de Transparencia y Acceso a la Información y la nueva Ley de Contratación Pública. La última se centra en regular los procedimientos de adquisición desde la preparación hasta la ejecución del contrato.

De acuerdo al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, las prioridades del Plan Nacional Anticorrupción son las siguientes:

1. Articulación y coordinación en la lucha contra la corrupción.

2. Prevención efectiva de la corrupción.

3. Investigación y castigo oportuno y efectivo de la corrupción en la administración y el poder judicial.

4. Promoción y coordinación de la participación activa de los ciudadanos, la sociedad civil y el sector privado en la lucha contra la corrupción.

5. Posicionar a Perú en escenarios internacionales para combatir la corrupción.

En ese sentido, desde la gobernanza, el Perú debe trabajar en la capacidad estatal para revertir la corrupción y aminorar la desconfianza de la población. Para ello, debe enfocarse en la definición de prioridades e implementación de políticas de forma efectiva. Por último, a través de la coordinación y el liderazgo, debe fomentar el impulso de reformas a largo plazo que pongan fin a las desigualdades económicas y sociales.

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Fuentes:

SNU y CEPLAN (2017). Perú: Encontrando valor en la transformación. Objetivos y oportunidades en el desarrollo sostenible del Perú. Lima: Perú 2021 y EY Perú.

Benavides, Martin; Campana, Silvio; Cueva, Selene; Leon, Juan y Wagenman, Alejandro (2016). Post-2015 Data Test. Measuring the Sustainable Development Agenda in Peru. Lima: GRADE, Bangladesh's Centre for Policy Dialogue, NPSIA y Southern Voice. 

Transparency International. Corruption Perceptions Index 2014: Results.