Por: Jean Paul Calle, socio de Broquel Abogados y Carlos Aguirre, profesor de ESAN

No hay duda alguna que la pandemia de la COVID-19 ha originado una crisis empresarial sin precedentes.

Una crisis sistémica como la expuesta implica un problema serio para la cadena de pagos, afectando no solamente a las empresas deudoras y sus propietarios, sino también a sus acreedores (bancos, proveedores, trabajadores, entre otros), los que podrían buscar protegerse con el inicio de acciones judiciales de cobro, lo cual a la larga podría afectar los activos de la empresa deudora y terminar forzando su salida del mercado.

Es sabido que existen algunas opciones que pueden utilizar las empresas deudoras para intentar mitigar los efectos de la crisis, como la renegociación privada con sus principales acreedores, o el uso de los programas que el gobierno ha lanzado en esta crisis (Reactiva Perú, FAE-Mype, FAE-Turismo, etc.). Pero estas acciones, podrían no ser suficientes, por lo que se tendrán que considerar opciones adicionales.

En ese contexto, el sistema concursal se constituye como una opción adicional para encontrar una solución a la crisis financiera o económica.

En efecto, el sistema concursal otorga a las empresas en crisis un marco de protección de su patrimonio para impedir que este pueda ser ejecutado, liquidado, o "depredado" en beneficio de unos cuantos acreedores, propiciando al mismo tiempo la creación de un ambiente idóneo para la negociación con la totalidad de sus acreedores, a fin de adoptar los acuerdos tendientes a maximizar el valor del negocio, darle viabilidad financiera y, de esta manera, obtener un pronto y mayor recupero de sus créditos.

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Fuente: Revista La Cámara de la Cámara de Comercio de Lima