El Perú atraviesa una crisis política que, desde el 2016, ha derivado en la sucesión de seis presidentes y una desaprobación del Ejecutivo que supera el 90 %, según encuestadoras locales. En ese contexto, el Gobierno no necesita más planes, sino ejecución real: programas presupuestales concretos con dueños, plazos definidos y mecanismos de compra que cierren la puerta a la corrupción, a la vez que prioriza resultados medibles desde cada centro de gobierno.

¿Qué programas presupuestales debe priorizar el Gobierno?

Los centros de gobierno anclados en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) deben concentrar el presupuesto en cinco programas prioritarios y reformulados, cada uno con fecha de caducidad y metas trimestrales verificables. Esto evita que un programa temporal se convierta en un gasto permanente sin resultados. Los cinco ejes son:

• Seguridad ciudadana y lucha contra el crimen organizado (48 meses).
• Reactivación económica y empleo en zonas de pobreza (18 meses).
• Salud pública y cierre de brechas hospitalarias (24 meses).
• Educación básica y cierre de brecha digital (36 meses).
• Modernización del Estado y digitalización de trámites (12 meses).

Cada programa tendrá un responsable único, indicadores públicos de avance y una fecha de cierre real: si no cumple, se reformula o se cierra. La caducidad obliga a medir impacto y no solo ejecución presupuestal, al cambiar el incentivo de gastar por el de resolver el problema que originó el programa.

La priorización de solo cinco programas, y no veinte, responde a una lógica simple: la capacidad de ejecución del Estado peruano es limitada y dispersarla multiplica el riesgo de corrupción y de obras inconclusas. La concentración de los recursos permite fiscalizar mejor, contratar con agilidad y mostrar resultados visibles a la ciudadanía en el corto plazo.

¿Cómo debe ejecutarse la caducidad desde el centro del Gobierno?

La fecha de caducidad no es un capricho administrativo, sino el mecanismo que impide que los programas se conviertan en estructuras burocráticas permanentes sin rendición de cuentas. El centro del Gobierno debe evaluar cada programa con una frecuencia trimestral e indicadores publicados en un tablero abierto que cualquier ciudadano pueda revisar en línea.

Si un programa no cumple sus metas al llegar la fecha límite, existen solo tres caminos posibles: reformularlo con ajustes claros, fusionarlo con otro de objetivo similar o cerrarlo de forma definitiva. Este esquema traslada la responsabilidad política del anuncio a la entrega y reduce el espacio para la simulación de gestión.

Este modelo también exige que el centro del Gobierno concentre autoridad real sobre el presupuesto de los cinco programas, al evitar que cada ministerio ejecute de manera aislada. La coordinación centralizada reduce la duplicidad de esfuerzos, acelera decisiones y facilita que las nuevas formas de compra pública se apliquen de forma uniforme.

¿Qué nuevas formas de compra pueden frenar la corrupción?

La ejecución rápida y honesta de estos programas exige romper con las licitaciones lentas y capturables por redes de corrupción. El Gobierno puede combinar seis mecanismos de compra pública para acelerar procesos sin sacrificar transparencia:

• Compras por innovación. Concursos que priorizan resultados, no solo el menor precio.
• Convenios de Gobierno a Gobierno. Supervisión técnica de agencias estatales extranjeras.
• Negociación directa con países de convenios sudamericanos. Precios preferenciales sin intermediarios.
• Compras MDA. Catálogos electrónicos para insumos estandarizados de uso recurrente.
• Plataformas electrónicas tercerizadas. Integrar sistemas internacionales ya probados y auditables.
• Subasta inversa urgente. Fichas técnicas estandarizadas para emergencias, con plazos cortos.

Estos mecanismos comparten un principio común: reducir la discrecionalidad del funcionario y la intermediación de terceros vinculados a redes de corrupción. La trazabilidad electrónica y la comparación pública de precios en tiempo real dificultan el direccionamiento de contratos y agilizan compras que hoy toman meses en resolverse.

La tercerización con plataformas de compras electrónicas ya probadas en el mundo es clave: en lugar de construir sistemas nuevos y vulnerables, el Estado integra herramientas con auditoría automática incorporada. Esto reduce costos de implementación y acelera la curva de aprendizaje de los funcionarios encargados de ejecutar las compras.

Ninguna de estas herramientas funciona sin auditoría en tiempo real y publicación abierta de contratos. La combinación de programas con caducidad y compras trazables no es solo una reforma administrativa: es la manera de recuperar la confianza ciudadana, al mostrar que el Estado puede ejecutar rápido, gastar bien y rendir cuentas.