Francisco Barrón Velis, profesor de la Maestría en Finanzas y Derecho Corporativo de ESAN, asegura que el Perú ha respondido a los retos ambientales a través del desarrollo y fortalecimiento de su marco de gestión ambiental. Sin embargo, se necesita mayor planificación para definir con rigurosidad las prioridades ambientales y destinar los recursos de manera adecuada.

¿Por qué el Perú es un país vulnerable a los impactos del cambio climático?

Por su biodiversidad y las características de su economía. El Perú es uno de los 15 países con mayor diversidad ecológica en el mundo, cuenta con un extenso territorio y una enorme variedad de recursos naturales. Sin embargo, pese a estas condiciones, no se ha desarrollado una economía resistente y variada.

Asimismo, nuestro país tiene un patrón de dependencia de un determinado recurso que genera un auge económico, seguido por su reducción progresiva y el colapso de la economía. Ello se observa en rubros como la pesca industrial (anchoveta en particular), la minería y en industrias informales, como la tala maderera en diversas zonas del país.

Esta dependencia de la producción y explotación económica de recursos nos hace vulnerables a las consecuencias del cambio climático. La explotación informal o sobreexplotación sin políticas medioambientales definidas constituye una amenaza adicional, pues las industrias que se desean preservar se vuelven, a su vez, amenazas muy contaminantes que potencialmente acrecentarían la crisis del cambio climático y la contaminación en el país.

Estas actividades informales incumplen estándares medioambientales fijados por las autoridades y escapan a la posibilidad de una fiscalización posterior. La fragilidad de los microclimas en las diversas ecorregiones del país (con 84 de las 117 zonas de vida del mundo), de las que dependen muchísimos peruanos, incide en la vulnerabilidad a los impactos del cambio climático.

¿Cómo evalúa los compromisos que asumió el Perú para avanzar en la lucha contra el cambio climático y proteger su biodiversidad?

El Perú respondió a los retos ambientales desarrollando y fortaleciendo su marco de gestión ambiental, pero se necesita mayor planificación para definir con rigurosidad las prioridades ambientales y destinar los recursos de forma adecuada.

La Política Nacional del Ambiente (PNA), establecida el 2009, se encuentra desfasada. El proceso de actualización hacia el 2030 es vital, pues urge incorporar las nuevas tendencias y actualizar las prioridades ambientales teniendo un enfoque comprehensivo con el contexto global, los acuerdos internacionales, el cambio climático, la diversidad biológica y la pandemia de la COVID-19, teniendo como eje principal la aplicación, ejecución y fiscalización de estas políticas en el ámbito nacional.

En la actualidad existe una escasa voluntad política, debido a la falta de sentido de urgencia. Si continuamos así, las consecuencias del cambio climático en el país serán potencialmente irreversibles e inminentes. Un ejemplo reciente es la votación en contra de ratificar el Acuerdo de Escazú en el Congreso de la República. En lugar de ver la ratificación de este acuerdo internacional como algo necesario para preservar nuestros ecosistemas, fue tomado como una "afectación a la soberanía nacional".

¿Cuánto se ha avanzado en los análisis técnicos económicos para medir el impacto real del cambio climático en el país?

Existe una brecha en el desarrollo de análisis técnicos económicos que midan el impacto real del cambio climático en el país. Los estudios constituyen un reto, pues, al contar el Perú con una diversidad biológica y climática tan variada, resulta muy complejo analizar las consecuencias en un territorio tan heterogéneo. Sin embargo, es un reto que debe asumirse.

Sin perjuicio de ello, diversas entidades, como el Ministerio del Ambiente (Minam), el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) y otras, realizan comunicaciones y estudios diversos sobre la materia. Entre los más destacables se encuentran las comunicaciones nacionales del Perú a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático del Minam.

¿Cuán posible es lograr la meta de reducir en 30 % las emisiones de gases de efecto invernadero al 2030 y de carbono neutralidad al 2050?

Para alcanzar estas metas, se requieren cambios profundos en nuestra cosmovisión, con énfasis en políticas medioambientales estrictas en el mundo, enfocadas en la reducción de actividades contaminantes, y la preservación y promoción de actividades económicas ambientalmente responsables. Es necesario pasar a un enfoque fiscalizador y operativo de las políticas y regulaciones necesarias para lograr las reducciones, así como la promoción de incentivos a industrias menos contaminantes y de sanciones específicas a industrias muy contaminantes.

No es posible que tengamos que aceptar que, según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el Perú se pierdan cada año entre 80 000 y 140 000 hectáreas de bosques a causa de la deforestación o que, según el Consorcio de Investigación Económica y Social, las enfermedades generadas por la contaminación ambiental del aire por PM10 (combustible, quema de basura, etc.) causen la muerte de más de 1000 personas al año.

¿Qué hace falta hacer en materia legal para alcanzar los objetivos en la lucha contra el cambio climático en el país?

Conjugar una explotación sostenible de la diversidad de recursos para actividades económicas con salvaguardas ambientales adecuadas, actualizar de manera permanente nuestro Plan Nacional Ambiental según avances anuales y efectuar revisiones periódicas de la Ley General del Ambiente. Considero clave un cambio de estrategias de mitigación o compensación por actividades contaminantes, por un enfoque de legislación centrada en la promoción de actividades y prácticas ambientalmente responsables, en mecanismos de fiscalización y aplicación de sanciones.

El ministro del Ambiente, Gabriel Quijandría, señaló que debe impulsarse la acción climática con una visión de competitividad y generación de oportunidades. ¿Cómo puede lograrse esa visión y qué factores son primordiales para alcanzarla?

La acción climática es impulsada globalmente y debemos focalizar nuestras energías en ello. Muchas veces se plantea la contradicción entre protección del ambiente, desarrollo y empleo, pero debemos educar para dar cuenta de esta falsedad. Necesitamos un desarrollo sostenible que satisfaga las necesidades humanas conservando el ambiente, los recursos, la flora y la fauna.

Para lograr la sostenibilidad, debemos apostar por la educación y la información combatiendo las tendencias desinformativas. Además, debemos estar dispuestos a modificar conductas cotidianas individuales y colectivas, interiorizando que nuestros actos tengan consecuencias y un impacto en el mundo. Es elemental: nadie comprende lo que no sabe, ni se preocupa por lo que no entiende.

¿Qué papel deben jugar el sector privado, las universidades y la sociedad civil en esta importante visión?

El sector privado debe establecer estrategias para reducir sus emisiones de CO2, impulsando energías renovables e invirtiendo en investigación, desarrollo e innovación (I + D + i) para desarrollar innovaciones tecnológicas más sostenibles y menos intensivas en emisiones. Las empresas pueden contribuir de diferentes maneras:

• Contribuyendo a los objetivos de desarrollo sostenibles adoptados en el Acuerdo de París, sobre todo el objetivo 13, centrado en la disminución de niveles de CO2 y mantener el aumento de temperaturas por debajo de dos grados centígrados.
• Acogiendo las propuestas contenidas en el Global Opportunity Explorer 2019, entre tantas, midiendo la huella de carbono en todas sus actividades y extendiéndola a su cadena de suministro para establecer objetivos públicos de reducción de emisiones a corto y largo plazo, o desarrollar tecnologías más sostenibles e introducirlas progresivamente en las actividades de la empresa.

Las organizaciones de la sociedad civil, por su parte, fueron las primeras en defender y proteger el ambiente. Hace años que alzan la voz, y cada vez más personas de todas las edades se unen en esta causa. Debe existir un trabajo conjunto, dejando los intereses monetarios y políticos, además de aprender de la experiencia y el conocimiento de los que llevan ya tiempo en esto.

Dos ejemplos concretos de participación civil podrán darse en el proceso de actualización de la PNA al 2030. Podrían realizarse talleres y mesas de trabajo virtuales para recoger los aportes y las sugerencias de la ciudadanía, entre setiembre y octubre de este año, y prepublicar el proyecto para el pronunciamiento y aportes de la sociedad.

Los jóvenes se forman en las universidades y es allí donde viven la etapa más inquieta de su vida, a nivel intelectual. Necesitamos cambiar el enfoque que se les enseña a los jóvenes sobre productividad y crecimiento empresarial, para que sean líderes que formen parte de la solución y no del problema. Es necesario que los intereses que mueven a la economía empiecen a regirse por algo más allá de un crecimiento acelerado a costa de pasivos medioambientales.

Fuente: Revista Stakeholders