Llevamos cerca de veinte años desde que se iniciaron los primeros conflictos sociales en relación con las industrias extractivas en el Perú: desde Chorompampa (Cajamarca) en el 2000 hasta Tía María (Arequipa) en el 2019. Es cierto que resulta difícil tener certezas de cómo actuar en procesos complejos de carácter relacional, cómo es un conflicto social, pero veinte años de experiencia sí nos dan suficientes lecciones para saber qué no debemos hacer.
Para comenzar, se sabe que la naturaleza de los conflictos sociales relacionados con las industrias extractivas difiere de los conflictos territoriales, donde dos ejércitos no pueden ocupar un mismo territorio. Mal hacemos si utilizamos las mismas estrategias para un conflicto social. A pesar de que la razón del conflicto es el recurso natural, no se caracteriza por su escasez, sino por los objetivos diferentes de su uso, entre el precio del recurso natural y el valor asignado del mismo. Es decir, entre "lo bueno" y "lo bueno", entre objetivos legítimos y beneficiosos, pero "aparentemente" excluyentes.
La agricultura o la minería, el agua o el oro, el valle o el cobre. Es decir, entre la rentabilidad económica de la inversión y el valor ambiental, social o cultural de las poblaciones. Dos décadas de lecciones nos llevan a identificar qué no hacer en conflictos sociales:
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Fuente: El Peruano