
El sistema penitenciario peruano atraviesa por una situación de emergencia. La capacidad de recibir internos de las cárceles se encuentra rebasada, lo que causa problemas de salud física y mental en la población penitenciaria, y hace difícil, o casi imposible, la readaptación de esta; también genera escenarios de violencia y agresión, mayor dificultad en el control de conductas y actividades ilícitas, además de una mayor degradación y deterioro de la infraestructura carcelaria.
El Estado no ha tenido éxito en la reversión del problema de hacinamiento por la concurrencia de una serie de factores, como el retardo en la administración de justicia, las inadecuadas políticas penitenciarias, la corrupción en el sistema penitenciario y la escasa inversión en infraestructura carcelaria.
En este contexto, cobra relevancia la participación del capital y la gestión privados bajo el esquema de asociaciones público-privadas (APP) como una alternativa para mejorar la situación carcelaria y reducir la criminalidad creciente. Por ello, esta investigación busca aportar elementos que permitan evidenciar que la concesión mediante APP para la construcción, la operación y el mantenimiento de un establecimiento penitenciario es una solución factible al hacinamiento carcelario y sus problemas conexos y en una alternativa viable desde el punto de vista económico-financiero y social en su conjunto. Para ello, se determinaron los beneficios y los perjuicios del modelo existente, la problemática actual de las cárceles y sus causas, y se elaboró un benchmarking de experiencias internacionales. Además, se determinó la viabilidad técnica, legal y económico-financiera del modelo propuesto. Para efectos del ejercicio financiero, la infraestructura proyectada se ubica en Huaral, donde actualmente opera un establecimiento penitenciario que, a la fecha, rebasa su capacidad de albergue en un 523%.
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La interrupción en el suministro de gas natural vehicular (GNV) y el incremento del precio internacional del petróleo, asociados a la guerra en Medio Oriente, han reabierto el debate sobre el teletrabajo en Perú como medida para reducir la demanda de combustibles y mitigar el impacto energético. En este contexto, Edmundo Lizarzaburu, profesor de la carrera de Administración y Finanzas de ESAN University, explicó en RPP TV, que esta modalidad, ya contemplada en la legislación peruana, puede aplicarse temporalmente tanto en el sector público como en el privado, siempre que se garantice una adecuada conectividad y se respeten las condiciones laborales de los trabajadores.
El mecanismo de Obras por Impuestos se consolida como una herramienta clave para acelerar la ejecución de infraestructura en el Perú. Según explicó Manuel Paredes, director de la Maestría en Gestión Pública y Desarrollo Territorial de ESAN, en una entrevista a Sol TV, este modelo permite que empresas privadas financien y ejecuten obras con cargo a sus impuestos, reduciendo plazos frente a los procesos tradicionales de contratación pública. Para el especialista, la articulación entre el sector público y privado no solo agiliza la ejecución de proyectos, sino que también contribuye a cerrar brechas de infraestructura y atender demandas urgentes de la población en distintas regiones.
El estudio, presentado por ESAN y la Université Côte d’Azur, propondrá soluciones para equilibrar turismo y calidad de vida en Lima y Niza. El programa ECOS Nord impulsa la cooperación científica entre Perú y Francia mediante el financiamiento de proyectos de investigación conjunta.